Siete años después de haber huido del Perú, al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) finalmente le llegó la hora de responder ante la Justicia por los crímenes cometidos durante su gobierno. Ayer, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición de Fujimori por siete de los doce casos por los que Perú lo había solicitado para procesarlo, dos de ellos por violaciones a los derechos humanos y los otros cinco por hechos de corrupción.

El ingeniero agrónomo Alberto Fujimori pasó de ser un desconocido maestro universitario a ocupar la presidencia de Perú en 1990 luego de derrotar al escritor Mario Vargas Llosa. Durante su gobierno cerró el Congreso, combatió la guerrilla con secuestros, torturas y asesinatos, y en medio de una crisis económica abdicó para huir a Japón.

Fujimori recibió la noticia en su lujosa residencia de la Hacienda Chicureo, al norte de Santiago, donde estaba bajo arresto domiciliario, acompañado por su hija Sa-shi. Poco después, tratando de contrarrestar el golpe recibido, le declaraba a una radio peruana que veía en la extradición, la que trató de evitar a toda costa desde que llegó a Chile en noviembre de 2005 desde su refugio en Tokio, “una oportunidad de retorno para reencontrarme con el pueblo peruano”. Con voz pausada y un tono monocorde, inexpresivo, Fujimori se esforzó por mostrarse tranquilo en sus primeras declaraciones luego de producido el fallo judicial en su contra, aseguró que la extradición era “un escenario no tan inesperado”, defendió su gobierno autoritario y habló como si estuviera en las vísperas de un retorno triunfal. Pero lo que le espera en el Perú no es el reencuentro popular del que Fujimori habló, sino una prisión y la sala de los tribunales que lo juzgarán por los delitos de secuestro, asesinato y corrupción.

En Lima, su hija Keiko, congresista de la República, llamó a los fujimoristas a concentrarse en el aeropuerto para recibir a su padre “con alegría y cariño”. Pero en su expresión no había nada de alegría y sí mucho de preocupación. “No vamos a aceptar ningún tipo de arresto, esperamos que el presidente Alberto Fujimori sea procesado en libertad”, señaló en tono amenazante la hija congresista de Fujimori, y advirtió que el proceso judicial a su padre podría generar inestabilidad. “Exijo que el presidente Alan García garantice la vida de mi padre. Si lo ponen en una cárcel podrían atentar contra su vida”, dramatizó Keiko Fujimori, en un esfuerzo por presionar a favor de que su padre sea procesado solamente con orden de comparecencia, algo más que improbable dada la gravedad de los cargos por los que está acusado. El coro fujimorista también ha repetido que no hay garantías para un juicio imparcial, tratando de desacreditar el proceso penal. Desde el gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía le respondieron que en el juicio se respetarán todas las garantías de un debido proceso, esas garantías que Fujimori negó durante su gobierno.

Los dos casos más graves por los que será juzgado son el asesinato de quince personas, entre ellas un niño, en una modesta vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima en noviembre de 1991, y el secuestro y ejecución de nueve alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de Lima, en julio de 1992. Ambos crímenes fueron cometidos por el grupo paramilitar Colina, formado por miembros del ejército y que durante el régimen fujimorista cometió múltiples asesinatos bajo la protección del gobierno. Sus miembros han confesado a la Justicia peruana que actuaron bajo las órdenes de Fujimori. Según las leyes peruanas, por estos crímenes Fujimori podría ser condenado a 35 años de prisión, aunque según las leyes chilenas, que tendrían que aplicarse en este caso, la sentencia máxima sería de veinte años. Pero para Fujimori, que tiene 69 años, esa diferencia parece irrelevante. Los casos de corrupción por los cuales se concedió la extradición de Fujimori tienen que ver con la entrega de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos antes de que éste fugue del país el año 2000, el pago a propietarios de medios de comunicación para que apoyen su fraudulenta re–reelección ese mismo año, los sobornos pagados a congresistas para que respalden su régimen, el espionaje telefónico que fue una norma durante su gobierno y el allanamiento ilegal a la casa de Montesinos para apoderarse de los comprometedores videos en los que su asesor había graficado la grotesca corrupción del régimen fujimorista.

Anoche se especulaba que Fujimori estaría llegando a Lima en la madrugada de hoy sábado. Alegando razones de seguridad, el gobierno no ha revelado la prisión en la que será recluido. Mientras se esperaba su llegada, los familiares de las víctimas del fujimorismo se reunían en la tarde de ayer llevando las fotos de sus hijos, hermanos o padres desaparecidos o asesinados en el pecho, frente a la embajada de Chile en Lima para celebrar la extradición. “Confío en la Justicia peruana para que le caiga (a Fujimori) todo el peso de la ley y eso sirva como ejemplo para que estos crímenes no se vuelvan a repetir”, señaló Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en La Cantuta. “Este es un triunfo histórico en la lucha contra la impunidad”, le señaló a Página/12 Francisco Soberón, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Amnistía Internacional, Americas Watch y otros organismos de derechos humanos también aplaudieron la sentencia de extradición. En el Perú fue celebrada prácticamente por todos los sectores políticos.