Los abogados de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 advirtieron que la causa judicial por las responsabilidades políticas corre riesgo de quedar en la nada. Las organizaciones que los representan –Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos– cuestionaron la demora y exigieron un pronto juicio oral del caso que tiene como imputado al ex presidente Fernando de la Rúa, entre otros. “A casi seis años de aquellas trágicas jornadas buscamos impedir que la causa con mayor número de víctimas por represión de la protesta social, desde la recuperación de la democracia, quede impune”, expresaron en una conferencia de prensa. El peligro consiste en la posibilidad de que el nuevo juez del caso acepte el pedido de nulidad de todo el expediente que podrían presentar los imputados.

A seis años de la represión con que el gobierno de la Alianza se despidió del poder, la Justicia todavía sigue discutiendo si María Servini de Cubría fue “jueza y parte” o si las balas partieron de armas policiales o de “francotiradores”, en lugar de estar a las puertas del juicio oral. Ante la posibilidad de que una nueva demora haga prescribir el plazo para que los acusados sean juzgados se pronunciaron los abogados Rodrigo Borda (CELS), Daniel Stragá (Correpi), y Rodolfo Yanzón (Fundación LADH). “No veo la hora de que algo diferente pase en estos seis años, para que nuestros seres queridos descansen en paz”, expresó Marta Almirón, la madre de Carlos “Petete” Almirón, uno de los cinco asesinados en Capital esa jornada, quien también se hizo presente, al igual que María Riva, esposa de Gastón Riva, otra de las víctimas.

La Cámara Federal ya determinó que la causa debe ser elevada a juicio para que sean juzgados De la Rúa, Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad), Rubén Santos (ex jefe de la Policía Federal) y otros dos comisarios de alto rango. Como la jueza Servini dividió el caso ya están llegando a juicio los hechos ocurridos en Avenida de Mayo frente al banco HSBC, donde murió Gustavo Benedetto; el asesinato de Alberto Márquez y las lesiones que sufrió Marcelo Dorado. Sigue abierta la pesquisa referida a las muertes de Almirón, Riva y Lamagna y el expediente sobre las responsabilidades políticas que motivó el planteo de estos letrados. Pero todo quedó en suspenso hace cuando la jueza decidió apartarse del expediente. “Servini sin duda se apartó en forma intempestiva, siendo que la había recusado muchas veces, de pronto sintió violencia moral y en lugar de elevar a juicio se apartó, alegando un argumento de violencia moral que ella misma había rechazado infinidad de veces”, se quejó Borda ante Página/12.

La mayor preocupación de los abogados son las recientes medidas que ordenó el nuevo juez del caso, Claudio Bonadío. “Las defensas de Santos y Mathov están intentando llegar a un plazo que les permita pedir la prescripción de la acción penal. Nosotros ya planteamos en la causa que son violaciones a los derechos humanos que no prescriben, pero habrá que batallar. Por las medidas de prueba que le están pidiendo a Bonadío buscan la nulidad porque están poniendo en duda a la jueza diciendo que estuvo personalmente en el escenario de los hechos”, explicó Yanzón. La Cámara rechazó varias veces ese argumento, pero no es el único que encendió la alarma. “El fiscal (Luis) Comparatore trabaja en un informe que le pidió Bonadío para saber a quiénes investiga, con la idea de no se podría avanzar sobre las responsabiliades políticas si no se sabe aún con certeza cómo fueron los hechos en la calle”, agregó. Más allá de que no prosperen estos planteos su resolución produce más dilación. “La misma Cámara le dijo a la jueza que era hora de elevar a juicio el caso, basta de hacer jueguito para la tribuna”, completó Yanzón. Por su parte, Stragá sintetizó que “una vez más la clase política saldría impune si todo vuelve a empezar, significa la muerte de la investigación y de la posibilidad de que haya justicia”.