Después de un año de ausencia del albañil J. J. López, de 77 años de edad, principal testigo para la condena del policía terrorista Etchecolatz que fue mano derecha del general Camps en la provincia de Buenos Aires, el caso tiene indicios suficientes para considerarlo una desaparición forzada. De ser así, es una frustración considerable para los compromisos gubernamentales en la nación y en territorio bonaerense con los derechos humanos, porque la presencia de sus autoridades no amilanó a los secuestradores, tampoco fue suficiente para que llegue a puerto la investigación de los organismos de seguridad del Estado y también porque los delitos implícitos indican la existencia actual de Grupos de Tareas que actúan como si la dictadura militar no hubiera terminado hace 24 años. La desaparición forzada de López, pese a que el juez de la causa todavía no la reconoce como tal, es una muestra de impotencia de los oficiales del tribunal porque después de un año y de acumular centenares de fojas en el expediente están como el primer día, sin evidencias ciertas ni rastros confiables. Es un completo fracaso de la inteligencia policial y militar o, para peor, la indudable evidencia de su incompetencia con los deberes democráticos para la seguridad de los ciudadanos. Al final de cuentas, es un insolente desafío a la sociedad democrática –políticos, policías, militares y civiles– y en particular a los defensores de los derechos humanos, que tienen el compromiso de encontrar la verdad y de impartir justicia para reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado y condenar a sus verdugos.

En el primer aniversario de la desaparición, López fue recordado por miles de argentinos que participaron de marchas y mitines realizados en la Capital, La Plata, Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Santa Fe, Rosario, Bariloche, La Rioja y Santiago del Estero. Pese a que no se sumaron a ninguna de estas actividades, los familiares de López hicieron oír su voz: “Estamos muy mal. Estamos en democracia y mi viejo está desaparecido. No lo podemos permitir como sociedad”, declaró Rubén, el hijo, en una apelación tan dramática como cierta. Es la sociedad la que no puede consentir que el episodio pase sin que, por lo menos, no encienda luces de alerta sobre las debilidades de la democracia para hacer frente a los desafíos de sus enemigos. Por ser éste un momento particular, falta muy poco para ir al cuarto oscuro a elegir representantes de alto rango en el país, parecen más “naturales” los ataques contra la convivencia democrática porque, en algunos casos, pueden pasar como críticas convencionales de la competencia electoral. La ausencia de López sirve para recordar que hay minorías con poder propio, elegidos por nadie, que tienen nostalgias por las dictaduras puesto que no toleran el panorama de una sociedad que pretende sostener la igualdad de los diferentes en los términos que fija la Constitución nacional. Esas minorías tienen objetivos mayores al castigo de un anciano militante peronista de base que tuvo el coraje de prestar testimonio de cargo contra el terrorismo de Estado que lo hizo víctima, entre tantos otros miles que no sobrevivieron a los tormentos de la prisión indebida.

Entre las maniobras mayores de esa minoría hay que contabilizar las campañas de propaganda que tratan de desprestigiar la obra de gobierno, pero no por el Gobierno mismo sino porque están dirigidas contra el régimen democrático, ya que según esas normas no hace falta ninguna minoría ilustrada que tumbe a la representación cívica puesto que cada ciudadano tiene la oportunidad de aprobar o rechazar a sus representantes, aun en el más alto nivel, con el voto libre y con los derechos que le otorgan las leyes para expresar, en la calle o con la huelga si es necesario, sus disconformidades con los ocasionales administradores del Estado. Las votaciones ya realizadas en algunos distritos para elegir autoridades locales están mostrando que cada vez más la ciudadanía en cada lugar elige lo mejor, a veces lo menos peor, que tiene a mano y en más de un caso trata de promover nuevos dirigentes y fuerzas en la búsqueda de una indispensable renovación política. Hay elecciones que pueden sonar disparatadas porque son, casi seguro, una decepción a plazo fijo, pero esos juicios parciales no invalidan ni desmerecen el sentido de esos anhelos de superación. En algunos distritos, Chubut y San Luis, fuerzas de común origen peronista pero que han marchado por caminos que se bifurcan consiguieron adhesiones electorales en porcentajes incontestables. En otros casos, como en Córdoba y Chaco, la ciudadanía se partió por la mitad, de modo que la diferencia de la primera minoría con la segunda es tan mínima que se vuelve sospechosa.

En ambas provincias, las protestas por fraude han ganado la calle y, tal vez, la Justicia electoral debería ordenar el recuento de voto por voto para disipar toda sospecha. De cualquier modo, gane quien gane, esas sociedades tendrán que convivir necesariamente, dado que en ninguno de esos casos el que se quede con el gobierno podrá hacer sus tareas sin tener en cuenta y buscar acuerdos con quienes representan a la otra mitad del electorado. Sería bueno que esta perspectiva, inevitable excepto por una intervención federal que convoque a nuevos comicios, vuelva a ponerse sobre la mesa de cada facción de manera que las protestas de hoy no se conviertan en agravios irreparables para mañana, cuando llegue el momento de gobernar para todos. Es tan fuerte la reacción de los votantes contra las sospechas de fraude que más de un dirigente se ve envuelto en un torbellino de pasiones que lo pueden confundir con mucha facilidad. A lo mejor, cada uno de esos líderes tendrá que levantar la mirada para encontrarse, cara a cara, con el futuro, allí donde espera cada necesidad de los pobladores en esos territorios. A modo de referencia: el último censo de pobreza mostró que la zona de Gran Resistencia, el círculo que rodea la capital chaqueña, registró el mayor porcentaje de pobres del país, con el 45,6 por ciento. Sería muy bien recibido por los votantes si la puja política comenzara a incluir estos temas como parte de las preocupaciones por quién se queda con el gobierno.

Las denuncias de fraude en dos distritos inspiró con rapidez inusitada a algunos opositores que comenzaron a pedir veedores internacionales para las elecciones del 28 de octubre, que incluyen la renovación presidencial, como si hubiera razones para temer alguna maniobra fraudulenta. Aparte de la presunción de que por lo menos dos fuerzas podrían empatar en la primera vuelta, obligando a un ballottage, la suposición del fraude puede anotarse en la lista que favorece a las minorías que no discuten los resultados porque en verdad lo que no quieren son las urnas. Natalio Botana, prestigioso columnista de La Nación, lo expuso así: {Las} “especulaciones volcadas hacia un porvenir cercano pueden contemplar también otras hipótesis de alternancia sujetas a la acción perversa de la crisis. Se explica (pero no se justifica en absoluto) esta manera de ver las cosas {...} la crisis en cuanto método espurio de sucesión política contribuyó en tres oportunidades –al término del gobierno de Alfonsín, durante el de Duhalde y al promediar el de De la Rúa– a erosionar gobiernos, anticipando la entrega del mando o provocando la renuncia del presidente. La crisis está pues presente en el repertorio de probabilidades y en la cabeza de los dirigentes, no sólo según los agoreros de turno como futuro más o menos previsible, en el caso de proseguir la política económica sin modificación alguna, sino como instrumento político para cobrar cuentas pendientes y volver al ruedo en otro contexto”. La cita es más extensa de lo que se acostumbra, pero la sustancia que contiene la justifica sin más argumentos.

Con sus eruditos conocimientos de la historia, Botana detecta la intención, por ahora más subjetiva que expuesta, de quienes se imaginan como los salvadores de una crisis irreparable ya no para el actual Presidente sino para el próximo mandato. Así como a Kirchner lo recibió en 2003 el comentario de un analista de prensa que le auguraba un año de gobierno, a lo sumo, la senadora Cristina está siendo advertida por algunas minorías de que su mandato será más corto de lo habitual porque no le alcanzarán las fuerzas para enfrentar todos los problemas acumulados, los nuevos y las fuerzas hostiles, puesto que además no tendrá a mano un partido que la defienda. Es muy probable que las voces que hoy reivindican la moral republicana y la transparencia democrática tengan la crisis en la cabeza, como la describe el columnista de La Nación. La mayor dificultad que tienen estos planes suele ser la opinión de los ciudadanos que después de casi un cuarto de siglo sucesivo de gobiernos electos por el voto popular puede ser que no estén dispuestos a tolerar cualquier caída. Claro que la ausencia obligada de López, sin que la indignación pública se pudiera contar por millones en todas las marchas realizadas, alienta las conspiraciones minoritarias, a los fraudulentos y a los hombres y mujeres de mirada corta que por mirar el piso más cercano no se dan cuenta del tránsito que viene en la próxima esquina y algún vehículo se los lleva puestos. ¿O en primavera no hay que hablar de estos oscuros?