En un fallo considerado histórico y sin precedentes internacionales, la Corte Suprema chilena resolvió ayer extraditar a Perú al ex presidente Alberto Fujimori para que los tribunales peruanos lo juzguen por siete delitos, uno de violación de derechos humanos, por las matanzas de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta, y otros seis casos de corrupción de los que está acusado, cometidos durante su gobierno, entre 1990 y 2000. Apenas conocida la decisión, los presidentes de Chile y Perú, Michelle Bachelet y Alan García, respectivamente, se reunieron con sus ministros, en el primer caso para disponer el rápido envío de Fujimori y en el segundo para recibirlo. Bachelet informó del fallo a García y le explicó cómo será el traslado de Fujimori.

Aunque el tratado de extradición entre ambos países permite un plazo de hasta tres meses, la entrega estaba prevista que fuera anoche. Será en la frontera norte de Chile, entre Arica y Tacna. El juez instructor, Orlando Alvarez, dictó el “cúmplase” de la resolución y un funcionario judicial de rango menor, Eduardo Löbel, notificó su extradición al ex gobernante en la lujosa residencia que tiene alquilada en un condominio de Santiago, donde se encontraba bajo arresto domiciliario. Fujimori acatará el fallo y su defensa no presentará recursos judiciales que sólo podrían dilatar el cumplimiento de un dictamen inapelable, afirmó uno de sus abogados. La Cancillería chilena entregó una copia del fallo a la Embajada de Perú en Santiago y dio las instrucciones a Gendarmería y Policía Internacional para el traslado en avión del ex gobernante.

En sus primeras declaraciones después del fallo, Fujimori afirmó que su objetivo al llegar por sorpresa a Chile en noviembre de 2005 fue reducir las 40 acusaciones judiciales que enfrentaba a trece y los casos de doce a seis, por lo que debía hacer una escala antes de llegar a Lima. “Entiendo que las demás acusaciones quedan ya sin efecto. Voy con un escudo legal”, aseguró. El ex mandatario peruano se esforzó en no mostrarse derrotado y sostuvo que la extradición le permitirá reencontrarse con su pueblo.

La Moneda recibió con satisfacción el fallo de la Corte Suprema, en un momento en que Bachelet está a la baja en las encuestas. La presidenta ha situado sin ambigüedad los derechos humanos en el primer lugar de preocupación de su agenda desde el inicio de su gobierno. Bachelet, víctima ella misma y su familia de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, viajará mañana a Nueva York. Sin pronunciarse sobre el contenido del fallo, el ministro portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Weber, destacó el compromiso del Estado de Chile con los derechos humanos. “El Ejecutivo hace su labor y el Poder Judicial aplica las normas”, recordó el hijo del ex presidente Ricardo Lagos.

Los cinco magistrados de la sala penal votaron en forma unánime a favor de extraditar a Fujimori en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y en el de los pagos a parlamentarios para comprar sus votos y adhesiones, conocido como el caso de los “congresistas tránsfugas”. En los otros casos, entre ellos uno de desaparición forzada de tres personas en el que se rechazó la extradición, la votación fue dividida 3-2 y 4-1, a favor o en contra. La resolución demolió el fallo de primera instancia del juez Alvarez, que había rechazado extraditar al ex gobernante a pesar del informe previo a favor de la fiscal. Por las acusaciones de homicidio calificado, lesiones y secuestro en los 25 crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Grupo Colina, un escuadrón represivo que estaba bajo sus órdenes, Fujimori se enfrenta en Perú a condenas de hasta veinticinco años de cárcel.

* De El País de España. Especial para Página/12.