La victoria del movimiento del presidente Rafael Correa fue aplastante. A última hora de ayer, el partido gobernante había conseguido 72 de los 130 asambleístas de la Constituyente con el 88 por ciento escrutado en el fiable recuento electrónico de Participación Ciudadana. Al mismo tiempo, los primeros resultados oficiales confirmaban la tendencia del gobierno hacia la mayoría absoluta. Los ecuatorianos han respaldado la propuesta de crear un Estado fuerte mediante una profunda reforma política y económica de acuerdo con los principios del socialismo del siglo XXI que abandera Correa: solidaridad, equidad y ética. La piedra fundacional del proyecto es la nueva Carta Magna que la Asamblea elegida el domingo tendrá que redactar en un plazo máximo de ocho meses. El correísmo ha nacido en Ecuador.

En una pared cercana al palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, se podía leer días atrás: “Se viene el correazo final”. Ayer habían añadido otra frase: “Se vino nomás”. Correa no puede estar más exultante, el control de la Asamblea que redactará una nueva Constitución era lo que le faltaba para dar la puntada final a su proyecto para “refundar” Ecuador. En un año, desde que ganó la presidencia en noviembre de 2006, Correa ha erradicado la oposición, ha conseguido el respaldo popular para hacer una nueva ley fundamental y ahora no sólo la tiene sino que, además, la hará a su medida. Quiere un Estado fuerte y con una gran presencia en la economía.

Tanto en los festejos del domingo como ayer, Correa insistió en la idea de despejar dos de los mayores temores de muchos ecuatorianos, incluso de aquellos que han votado por su proyecto: la influencia del chavismo venezolano. “Basta de tratar de satanizar (a este gobierno), basta de tratar de inmovilizar al país por medio del miedo. Aquí nadie busca proyectos totalitarios, menos aún proyectos extranjeros”, declaró Correa en su discurso victorioso.

Ayer, ante los medios extranjeros, anunció que cuando arranque la Asamblea el Congreso deberá disolverse y que luego de que la Carta Magna sea aprobada en referendo deberán convocarse elecciones anticipadas al menos legislativas, para presidente y vicepresidente. Con respecto a las empresas extranjeras, el mandatario se explayó sobre cómo será su política, en especial con el sector energético. Dijo que “en absoluto” está en contra de la inversión exterior en su país. “La única condición es que se tiene que respetar la Constitución vigente, que dice que los recursos del subsuelo son del Estado, entre ellos el petróleo y las minas. Aquí no hay que nacionalizar, como en Bolivia, aquí los recursos ya son públicos.”

“Se están revisando los contratos petroleros; algunos son muy perjudiciales para el Estado”, explicó. “Pero la negociación es amigable. Ya estamos conversando con cuatro petroleras, no recuerdo si entre ellas está Repsol. Saben perfectamente las ganancias extraordinarias que están obteniendo con un recurso que es del Estado”, añadió. “Con Telefónica habrá que negociar las concesiones de telefonía celular. Quiero decirles sinceramente que Movistar ha sido mucho más cumplidora que la otra gran transnacional que tenemos aquí. Movistar tiene la tercera parte de un mercado dominado por la compañía Porta y paga tres veces más impuestos”, explicó.

Correa destacó que su gobierno es “pragmático”, que hay “diez economistas en el gabinete” que saben lo que hacen. “La inversión extranjera es bienvenida con todo entusiasmo. Aquella que cumple con sus trabajadores, con sus clientes, con el Estado pagando impuestos, con el medio ambiente. Pero aquella inversión extranjera que todavía nos cree colonia, que vulnera los principios legales, no es bienvenida y tendrá una respuesta clara de un país soberano y de un gobierno soberano”, enfatizó. Correa también dijo que abrirá a la inversión foránea el sector de la banca. “Hay sectores que necesitan protección, como el agrícola, y otros que hay que abrirlos a la competencia, como la banca”, dijo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.