La lucha contra el pinochetismo sigue sufriendo traspiés en Chile. Una semana después del fallo histórico que procesó y detuvo a toda la familia del dictador y a su círculo de colaboradores más cercanos, el juez responsable, Carlos Cerda, deberá enfrentar un proceso disciplinario ante la Cámara de Apelaciones de Santiago. Así lo ordenó ayer la Corte Suprema. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado chileno, querellante en el proceso por eventuales delitos en la acumulación de la fortuna de Pinochet, sostuvo el jueves frente a los tribunales que el dinero del fallecido dictador proviene de la compraventa de armas y del uso de fondos públicos.

Aunque la decisión de la Corte Suprema coincidió con un reclamo de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, para apartar al juez por su supuesta parcialidad, el tribunal fundamentó su pedido en las declaraciones que hizo Cerda en Wa-shington esta semana, al recibir un premio por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos.

Según el vocero de la Corte Suprema, el juez Urbano Marín, no se trata de juzgar a Cerda, sino de determinar si, a través de sus opiniones, faltó a la disciplina que establece su cargo. El miércoles pasado el juez Cerda dio un discurso en la Fundación Gruber, en la capital estadounidense, para agradecer un reconocimiento por sus aportes al avance de la justicia internacional. Después de agradecer y recordar la situación en su país, el magistrado respondió preguntas de la audiencia. La mayoría, como era de esperar, se centraban en su última victoria judicial.

Sin meterse mucho en detalles, Cerda delineó los fundamentos del fallo contra el entorno del dictador. Sin embargo, en medio de la explicación comenzó a explayarse sobre cuestiones que todavía no están comprobadas. La frase que más repercusión tuvo en Chile –y que ayer todos coincidían en que era la base del giro de la Corte– fue la que se refería al origen de la fortuna de la otrora familia todopoderosa. “Se trata de una investigación en que están involucrados dineros que pudieron haberse obtenido en actos de obtención de armas para el país”, había dicho Cerda. Sus palabras, a la luz de las acusaciones del Consejo de Defensa, no parecen caprichosas.

La Corte de Apelaciones deberá analizar ahora si el juez prejuzgó. Llamativamente, al mismo tiempo la viuda de Pinochet volvía a arremeter contra su acusador. Desde que se hizo pública su detención y la de sus hijos, Hiriart sostiene que Cerda no está operando según los intereses de la Justicia, sino del impopular gobierno de Michelle Bachelet. Ayer la familia Pinochet finalmente consiguió que alguien más que ellos cuestionara el proceso.

La investigación puede derivar en eventuales sanciones al juez, que van desde una amonestación verbal y censura por escrito, hasta la suspensión de sus funciones. Sin embargo, lo más probable es que Cerda estuviera tranquilo ayer. Desde que tomó la causa en 2004, el magistrado ha estado más tiempo afuera del proceso que liderándolo. La defensa de la familia ha descubierto que los constantes ataques y cuestionamientos a la entereza moral del juez a cargo son tan efectivos como la senilidad cambiante de Pinochet. No obstante, los primeros no lograron ser tan creíbles como la segunda. Unas semanas antes del fallo contra el círculo íntimo pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el último recurso de la familia del dictador en contra del magistrado.

Actualmente, en tanto, la Corte de Apelaciones analiza los recursos presentados por los abogados defensores para rever los 23 procesamientos.