La Justicia chilena avanzó en cinco casos paradigmáticos de la represión de la dictadura pinochetista. El juez Alejandro Solís sumó una nueva acusación por el atentado contra el general Carlos Prats y su mujer, y responsabilizó a toda la cúpula de la DINA –la policía secreta del régimen de facto– por el asesinato de un joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge D’Orival. Además, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra un coronel retirado por el secuestro y fusilamiento de tres trabajadores de la empresa textil Sumar. Los otros dos casos son por la desaparición de militantes de izquierda detenidos en recintos militares en el interior del país, el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y Los Queñes.

El atentado contra Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, no sólo es un caso paradigmático de la dureza de la dictadura de Augusto Pinochet, sino también de la coordinación entre los regímenes de facto de la región, más conocida como el Plan Cóndor. El comandante en jefe del Ejército de Salvador Allende fue asesinado en Buenos Aires en septiembre de 1974, cuando una bomba explotó debajo de su auto. Ayer el juez Solís acusó al coronel retirado Juan Morales por el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado. Según su fallo, Morales habría participado junto con la cúpula de la DINA en el planeamiento del atentado. Esto viene a reforzar la acusación que dictó a principio de año contra la entonces mano derecha de Pinochet, el general Manuel Contreras, y los agentes civiles de la DINA que se ocuparon de construir y colocar la bomba.

Paralelamente, Solís dictó sentencia en otro caso que involucra a los máximos jefes de la policía secreta de Pinochet. Se trata del secuestro y desaparición de Jorge D’Orival, un estudiante de Veterinaria y militante del MIR de sólo 26 años. El objetivo en realidad era su hermano Agustín, un importante dirigente de la agrupación. Para llegar a él, Osvaldo Romo Mena, considerado el agente más cruel y sanguinario de la DINA, lo secuestró de su casa y lo pasó de un centro clandestino a otro. Después de semanas de torturas, Romo Mena lo llevó de vuelta a su casa para que su madre lo viera y se quebrara.

Los agentes de la DINA pasaron dos días con la familia intentando sacarles una confesión que nunca llegó. Mientras tanto, se volvieron a llevar a Jorge y hasta hoy sigue desaparecido. Los testimonios de su madre, su esposa y algunos de sus compañeros en los centros clandestinos de detención lograron demostrar que la orden vino directamente de la cúpula de la policía secreta. Por eso, Contreras sumó una nueva condena de 15 años de cárcel. Además, Solís sentenció a 10 y cinco años de prisión a los agentes civiles que participaron en el grupo de tareas de Romo Mena y ayudaron en el secuestro del joven mirista y la coerción a su familia.

El tercer caso que logró, después de muchos años, un cierre fue el de la represión de los trabajadores de la textil Sumar. El proceso es emblemático porque fue una de las primeras historias de persecución sindical documentada en el informe Rettig de los noventa. La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena de 12 años de cárcel contra el coronel retirado Hernán Ovalle Hidalgo por el asesinato de Ofelia Villarroel Latín, el ciudadano boliviano Donato Quispe Choque y Adrián Sepúlveda Farías, apenas doce días después del golpe de Estado de 1973. La empresa había sido intervenida por los militares el día siguiente del levantamiento de Pinochet. A partir de ese momento, todos los trabajadores eran formados al llegar y los clasificaban según su “peligrosidad”. En esta categoría entraron las tres víctimas y los principales dirigentes sindicales.

Los últimos dos casos se consideran importantes históricamente porque demostraron la red de desinformación que dirigió la dictadura. Una de estas historias es la de los socialistas William Millar y Jorge Marín. Los dos jóvenes fueron convocados, poco después del golpe, para cumplir con el servicio militar. Decenas de testigos los vieron presentarse en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, feudo militar del norte chileno. Lo que sucedió después no se sabe bien. Algunos sobrevivientes dicen que fueron torturados y fusilados en el mismo predio, y por eso, el juez Joaquín Billard procesó ayer por primera vez al ex comandante del regimiento y a un carabinero que trabajaba junto a él como autores de los secuestros.

La Corte de Apelaciones de Rancagua, por su parte, también procesó a un grupo de carabineros por el asesinato de dos comandantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las principales guerrillas de aquella época. Raúl Pellegrín Friedman y Cecilia Magni fueron detenidos después de un intento fallido de tomar el retén Los Queñes en 1988. Varios días después, los carabineros informaron que los detenidos habían intentado fugarse, obligándolos a detenerlos a tiros. Ayer el tribunal desechó la versión oficial y dictaminó que los militantes habían sido fusilados.