La decisión del gobierno israelí de reducir el suministro de energía eléctrica a la Franja de Gaza, al compás del constante lanzamiento de cohetes Kassam por las milicias palestinas, se ha topado con un obstáculo que por esperado se antoja salvable. El fiscal general, Menahem Mazuz, ha prohibido este castigo colectivo contra la población civil mientras el gobierno no explique cómo se impedirá una crisis humanitaria que, a juicio de las organizaciones internacionales, es ya una realidad. La posición del Ejecutivo de Ehud Olmert es clara: mientras se permita que los hospitales puedan funcionar, no podrá hablarse de castigo colectivo.

Diez asociaciones de defensa de los derechos humanos israelíes presentaron el lunes una petición ante el Tribunal Supremo para que impida el corte de energía eléctrica al territorio ocupado. Y Menahem Mazuz, que sí dio el visto bueno a la disminución del suministro de combustibles, prohibió la represalia hasta que el Ministerio de Defensa aclare detalladamente –dispone hasta el viernes para pronunciarse– el modo en que se aplicaría la medida.

Es verdad que el Tribunal Supremo es de las pocas instituciones del Estado que goza de prestigio en Israel. El problema es que frecuentemente el ejército desobedece las sentencias. Aunque hace cinco años el alto tribunal prohibió tajantemente la utilización de escudos humanos palestinos en las operaciones militares, un general fue castigado semanas atrás por emplear este método en la ciudad de Nablús.

La postura del gabinete israelí sobre el concepto de crisis humanitaria no es compartida por las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno y que denuncian ya las catastróficas penurias que padecen el millón y medio de habitantes de Gaza. De hecho, ya se ha reducido drásticamente el transporte de mercancías –incluidos alimentos para bebés, frutas o tabaco– a la Franja, y el abastecimiento de gasolina y diésel ha sido reducido desde el lunes en un 15 por ciento.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, condenó el lunes los ataques con cohetes Kassam sobre suelo israelí para añadir que “las medidas punitivas adoptadas por Israel dañan el bienestar de toda la población de Gaza”. Y la comisaria de Asuntos Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, mostró su comprensión por la “angustia” que causa el lanzamiento de proyectiles sobre el sur de Israel, pero añadió que “los castigos colectivos nunca son una solución”.

Más contundentemente se expresó buena parte de los expertos israelíes, que rechazan la decisión del Ejecutivo de Olmert contra la población civil y hablan de “venganza”. “En primer lugar, es una decisión estúpida. Castiga a la población palestina en su totalidad y la empuja a los brazos de Hamas y del terrorismo. En segundo lugar, se opone a la legislación internacional, a todas las normas de moralidad y exacerba la imagen de Israel como cruel ocupante. Y, por último, no se adecua a los esfuerzos para fomentar la negociación con la Autoridad Palestina y los países árabes”, ha escrito el analista Nahum Barnea en el diario Yediot Ajoronot.

De momento, las milicias islamistas –y también las afines a Al Fatah, el partido del presidente Mahmud Abbas– no dan su brazo a torcer. El martes lanzaron dos cohetes caseros y una decena de proyectiles de mortero. Y como viene haciendo desde hace semanas, el ministro de Defensa, Ehud Barak, amenazó con una amplia operación en la Franja. “Cada día que pasa estamos más cerca”, advirtió. El jefe del Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, no se opone, pero exige contar con tiempo suficiente para practicar detenciones masivas y propinar un severo golpe a la infraestructura del brazo armado de Hamas, muy fortalecido en los últimos meses.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.