La Corte Suprema prepara una bienvenida suculenta para la presidenta de la Nación entrante, Cristina Fernández. Mientras duró la campaña, los jueces supremos evitaron resolver causas pendientes de alto impacto político. Pero ahora, aseguran, la veda llegó a su fin. La agenda que manejan de acá a fin de año está liderada por un tema crucial: las jubilaciones. El tribunal considera incumplida la orden que el año pasado le dio al Congreso de restablecer la movilidad de los haberes y, por eso, analiza decirle al Gobierno qué índice de actualización debe aplicar. Otro fallo que podría precipitarse definirá si Luis Patti puede o no asumir como diputado. Se sumaría una sentencia sobre la validez de los estudios compulsivos de ADN y otra sobre la situación de Romina Tejerina, la joven condenada a catorce años de prisión por matar a su beba.

Jubilados. El debate sobre las jubilaciones es uno de los más complejos que transita la Corte y podría terminar obligando al Gobierno a una puesta al día de los haberes, más allá de los aumentos oficiales concedidos. El tema resurge en casi todos los plenarios supremos y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, ya conminó a sus colegas a terminarlo cuanto antes. “Mejor que no se nos mueran de hambre”, suele apoyarlo Carlos Fayt.

En agosto se cumplió un año desde que la Corte dispuso, en un fallo conocido como “Badaro”, que el Congreso debía restablecer la movilidad de las jubilaciones y garantizar su correlación con la evolución de los salarios. Sin embargo, hasta ahora no hubo nueva ley, sólo proyectos, y el Poder Ejecutivo optó por conceder un incremento anual (más algunos aumentos sueltos) expresado en la Ley de Presupuesto. Para el jubilado Adolfo Badaro, esto es insuficiente y volvió a reclamar. Sus Señorías creen que el Gobierno y el Parlamento están en falta y buscan una solución.

La Corte, por empezar, deberá definir qué es la movilidad. ¿Es un índice objetivo o la establece, a gusto, el presidente de la Nación? Si es objetivo la clave será en qué variables se basa: ¿en el índice de aumento salarial?, ¿la recaudación?, ¿la depreciación de la moneda?, ¿el incremento de la construcción?, ¿el costo de vida? También puede ser una fórmula mixta, como proponen los diputados Claudio Lozano y María América González. Pero aquí no termina el asunto. El fallo también tendrá que precisar si el criterio fijado se aplica en forma retroactiva y a quiénes comprende. El caso Badaro aludía a jubilaciones superiores a 1000 pesos.

En los últimos acuerdos los jueces se trenzaron en una discusión complementaria: si reponen el 82 por ciento móvil o bien se atienen a la llamada tasa de sustitución (que surge de la relación entre los haberes y los salarios), que ronda el 40 por ciento. Hagan lo que hagan, la premisa suprema es evitar cualquier posible desbarajuste en las finanzas públicas.

Patti. La Corte tiene pendiente resolver si convalida la decisión de la Cámara de Diputados de impedir la asunción del ex subcomisario Luis Patti, acusado de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. En la Corte dicen que podría haber una resolución en breve. En un caso similar sobre el represor Antonio Domingo Bussi, el máximo tribunal sostuvo este año que la Cámara baja se había “excedido en su potestad constitucional” al bloquear su juramento. Pretendía poner un límite y proteger a las minorías parlamentarias. El mandato de Bussi ya había caducado. Pero la banca que Patti reclama corresponde al período 2005-2009 y podría reclamar lo que le resta. En el tribunal hasta ahora no circulan propuestas que sugieran un desenlace distinto al de Bussi.

ADN compulsivo. En 2003, la Corte –en su vieja composición– falló a favor de Evelyn Vázquez Ferrá, una joven que se negaba a someterse a una extracción de sangre para comprobar si era hija de desaparecidos. Por entonces el tribunal privilegió el derecho a la intimidad. “Si ella no quiere conocer su identidad, el Estado no puede obligarla a investigarla”, dijo. De los jueces que votaron en ese sentido, sólo quedan Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Los nuevos ministros ahora evalúan revertir aquella postura o dar otro tipo de respuesta que contemple ciertos dilemas que plantean las víctimas, sobre todo en las causas sobre apropiación de menores durante la dictadura.

Romina Tejerina. El tribunal debe decidir si concede la libertad a Tejerina, la chica condenada a catorce años de prisión por matar a su beba recién nacida, fruto de una violación. El procurador general rechazó el recurso planteado por la joven y sostuvo que comprendió la criminalidad de su acto. En la Corte, sólo Zaffaroni y Fayt estarían dispuestos a reducir la condena.

Riachuelo. La causa por la contaminación del Riachuelo ya es un clásico crónico en la Corte. El martes próximo habrá una nueva audiencia pública, donde se esperan explicaciones de la Secretaría de Ambiente. El tribunal todavía no aprobó el plan de saneamiento ni se pronunció sobre la reparación del daño colectivo. Este caso tal vez espere unos meses más.

Ley de prescripción. La causa por Marcela Iglesias, una nena de seis años que murió aplastada por una escultura en 1996, fue cerrada por aplicación de la ley de prescripción que entró en vigencia en enero de 2005. Lo Corte deberá resolver si la norma es de aplicación retroactiva. Los jueces están trabajando en este análisis. Si rechazan la aplicación automática de la norma –como propuso la Procuración– se podrían reabrir casos históricos, como el del encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco.