A 24 horas de proclamar el estado de emergencia en Pakistán, el gobierno del presidente Pervez Musharraf detuvo ayer a 500 opositores y anticipó que las elecciones legislativas previstas para enero pueden posponerse al menos un año más. EE.UU., que lo tiene de aliado en su lucha antiterrorista, advirtió que revisará su apoyo de miles de millones.

El primer ministro, Shaukat Aziz, confirmó el arresto de decenas de opositores entre quienes se encuentra el líder de la Liga Musulmana-N de Pakistán, Javed Hashmi, y la responsable de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, Asma Jehagir.

Además, al menos otros 40 activistas pro derechos humanos –incluyendo el director de la Comisión de DD.HH. en Pakistán, I.A. Rahman, un acérrimo enemigo de Musharraf– fueron detenidos cuando la policía allanó la sede del organismo ubicado en la ciudad de Lahore. Aziz dijo además que el estado de emergencia se prolongará “el tiempo que haga falta” y anticipó que las esperadas elecciones legislativas previstas para enero de 2008, podrían retrasarse hasta un año, pese a que –matizó– no se ha tomado por el momento “ninguna decisión al respecto”.

Musharraf, que se enfrenta a una fuerte presión interna y una escalada de violencia tras el atentado contra la ex premier Benazir Bhu-tto –a su regreso desde el exilio–, decretó el sábado el estado de excepción, suspendió la Constitución y cerró todas las emisoras de radio y televisión independientes. Además, destituyó al presidente del Tribunal Supremo y puso bajo arresto domiciliario los magistrados que lo componen, en un intento desesperado por retener su poder frente a la creciente oposición desarrollada en el Tribunal, que debía adoptar una resolución sobre la polémica votación presidencial el 6 de octubre.

Aunque el presidente afirma que tomó la decisión en contra de los extremistas islámicos, hay quienes señalan que al hacerlo unos días antes del veredicto del Supremo quiso evitar que éste calificara de inválidas las pasadas elecciones. Musharraf, quien tomó el poder mediante un golpe en 1999, había prometido renunciar como jefe de las fuerzas armadas y convertirse en un presidente civil este año. Al declarar el estado de emergencia y suprimir las garantías constitucionales, apagó las esperanzas de una transición hacia una democracia en este país, que cuenta con armas nucleares.

Será de considerable importancia ver qué pasos da Bhutto en los próximos días, la mujer que quizá sea la que más gane de la elección y quien volvió a Pakistán habiendo previamente hecho un acuerdo de compartir el poder con Musharraf. Bhutto acusó ayer al presidente de organizar un “segundo golpe” que alimentaría el radicalismo en el país nuclear armado. Entrevistada por la cadena estadounidense CBS, Bhutto dijo que los jueces paquistaníes y los partidos de oposición no tomarían la declaración de emergencia del gobernante militar “pasivamente”, aunque en otra parte del reportaje no descartó arribar a un diálogo.

En tanto, la comunidad internacional expresó ayer de forma unánime su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en Pakistán y varios líderes expresaron la necesidad de que el país regrese lo antes posible al camino que lleva a la democracia.

La secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, dijo que Estados Unidos iba a “revisar la ayuda” de 10.000 millones de dólares que Pakistán ha recibido como aliado en la lucha antiterrorista desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Rice pidió desde Jerusalén “un rápido retorno al orden constitucional” en Pakistán y exigió moderación a todos los partidos para superar la grave crisis, informó Europa Press. “A Pakistán y a su pueblo le interesa “una afirmación de que habrá elecciones para elegir un nuevo Parlamento”, dijo la jefa de la diplomacia de EE.UU.

Por su parte, el alto representante para Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, solicitó a las autoridades de Islamabad que “se ciñan a la ley y al respeto de la Constitución”.