La Asamblea Constituyente ecuatoriana tuvo su primera sesión ayer. Lejos de las advertencias de la oposición, la jornada transcurrió con mucha tranquilidad y pocos desacuerdos. Los asambleístas eligieron a sus autoridades y el reglamento. A pesar de que el oficialismo cuenta con una amplia mayoría, las dos votaciones fueron unánimes. En medio del aparente consenso, la asamblea vivió un momento de tensión cuando el presidente Rafael Correa anunció que él y su vicepresidente, Lenin Moreno, ponían sus cargos a consideración de la Constituyente y le pedían al resto de los funcionarios públicos que hicieran lo mismo. Se espera que en los próximos días la Asamblea ordene el receso indefinido del Congreso nacional. Ese será, seguramente, el fin de la paz en Montecristi.

Los asambleístas se reunieron temprano. Apenas pasadas las 9 (dos horas menos que la Argentina), 128 de los 130 constituyentes tomaban asiento y daban comienzo a la primera sesión. Sólo el multimillonario bananero y tres veces candidato presidencial Alvaro Noboa y su esposa, Annabella Azín, faltaron a la cita. Lo primero en la agenda fue designar a las autoridades del pleno. Por unanimidad, se eligió a los tres asambleístas más votados en la elección popular: Alberto Acosta como presidente y Fernando Cordero y Aminta Buenaño como los vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. “Debo reconocer que no me esperaba ganar la elección de esta manera”, consideró Acosta, quien no disimuló su sorpresa durante la votación cuando vio levantar la mano a sus tradicionales rivales. El paso siguiente fue votar el reglamento, que ya había sido redactado en las semanas anteriores por la bancada oficialista. Según estas normas, se necesitará solamente la mitad más uno para aprobar los artículos de la nueva Carta Magna (garantía que busca evitar una parálisis como la que se vive en la Asamblea Constituyente boliviana). La bancada liderada por Acosta también consiguió imponer límites a los tiempos de exposición de cada asambleísta, una medida que era resistida por la oposición, que se encuentra en clara minoría.

Las discusiones más fuertes llegaron cuando el oficialismo y el propio presidente Correa reiteraron que la Asamblea tiene plenos poderes, incluso por encima de todas las instituciones en funciones. Con este argumento piden que todos los funcionarios pongan sus cargos a consideración de la asamblea. En este tema, la oposición advirtió que no tolerará la disolución de las instituciones. “Cualquier acción que adopte esta Asamblea antes de ser refrendada en referendo, violaría el marco legal”, dijo Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica.