Jorge Telerman no tuvo ayer el mejor cumpleaños. A los 52 años, y a poco más de una semana de dejar la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le llegó un regalo que hubiera preferido no recibir: se difundió que el juez Luis Zelaya decidió citarlo a indagatoria por presunta “malversación de caudales públicos y defraudación agravada” en el manejo de publicidad oficial. Altas fuentes del juzgado aseguraron a Página/12 que el magistrado aún está evaluando el pedido del fiscal Sandro Abraldes. La causa por la que Telerman podría rendir cuentas ante la Justicia se originó en una denuncia que realizó el diputado Miguel Bonasso.

La difusión del pedido del fiscal para que Telerman sea citado a indagatria cayó como un balde de agua fría en la Jefatura de Gobierno. No sólo porque el mandatario porteño tenía todo previsto para celebrar sus 52 años, sino porque además la noticia opacó el balance público de gestión que había realizado a media mañana en el Teatro General San Martín (ver aparte).

Las indagatorias del jefe de Gobierno porteño y el secretario de prensa, Oscar Feito, fueron solicitadas por el fiscal Sandro Abraldes. En su requisitoria figuran también la ex directora de Medios Fabiana Galeazzi y José Luis Primo, quien también participaba del manejo del área de publicidad de la administración porteña. La denuncia involucra ademas a Sergio Mastropietro, directivo de Sol Group, una empresa que habría sido utilizada para concretar la maniobra delictiva que se les imputa.

La investigación judicial arrancó a partir de una denuncia de “malversación de caudales públicos y defraudación agravada” en la administración porteña que Bonasso hizo en medio de la campaña por la Jefatura de Gobierno. El diputado kirchnerista dijo que se había armado una maniobra para “cobrar retornos” por comercialización de publicidad oficial. Explicó entonces que entre mayo y diciembre de 2006 se pautaron avisos por 3.200.000 pesos a través de Sol Group –una empresa investigada también en el caso Skanska, a la que definió como “un sello de goma”– y pidió que se investigara “cuánto de ese dinero recibieron efectivamente los medios a los que iba destinado”. “La diferencia entre lo que salió del gobierno porteño y lo percibido por quienes hicieron la publicidad es el ‘retorno’”, advirtió.

En el escrito de poco más de ocho páginas en el que pidió las indagatorias, Abraldes dio relevancia a un informe de la Ufitco –la unidad que investiga delitos tributarios– que señala que en la asignación de la publicidad en cuestión no se cumplió el procedimiento correspondiente. El fiscal incluyó, además, varios tramos de la declaración del directivo de Ideas del Sur Fabián Scoltore, quien dijo en Tribunales que “la gente de Sol Group acercó al gobierno de la ciudad como cliente” y que en el tema de los avisos “se utiliza el criterio comercial según la cara del cliente”. “En realidad, el criterio es cobrarle bien caro”, añadió Scoltore sobre la administración local. Abraldes puso atención en su testimonial porque remarcó que era frecuente la contratación de espacios de publicidad no tradicional con Ideas del Sur.

El momento en que Bonasso formuló su denuncia hizo que en el gobierno porteño siempre dijeran que se trataba de una “campaña sucia” para perjudicar a Telerman en el marco de su enfrentamiento electoral con la Casa Rosada. En medio de un allanamiento a la administración local ordenado por Zelaya, el mismo jefe de Gobierno llamó un día a conferencia de prensa e involucró directamente a Néstor Kirchner. “Haga todo lo que esté a su alcance para que el clima sea el que tiene que ser”, le reclamó.

“Ahora queda claro que no se trataba de una campaña sucia de carácter electoral. Era una denuncia seria sobre negocios con empresa trucha para encubrir un retorno”, enfatizó Bonasso.

Feito insistió en la idea de la “maniobra política”. “Se percibe un tufillo a maniobra política. Que surja el día en que Telerman hace el balance final de gestión y en su cumpleaños hace pensar que no necesariamente sea una casualidad”, opinó Feito, quien aclaró que no tuvieron comunicación formal sobre las indagatorias. El funcionario –que en su momento recusó a Zelaya– expuso, además, la “sorpresa” porque estuviera involucrado el jefe de Gobierno, porque “no está mencionado en las centenares de fojas que ya tiene el expediente”.