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Ante el escándalo que se armó luego de la denuncia del legislador Jimmy Chamorro, el gobierno colombiano de Alvaro Uribe (foto) dijo ayer que “evaluará” la adhesión de su país al artículo 124 del Tratado de Roma, que permite a cualquier país que haya firmado el acuerdo para el Tribunal Penal Internacional (TPI) un período de siete años antes de que éste pueda juzgar los crímenes de guerra. Esta adhesión había sido firmada por el ex presidente Andrés Pastrana el 5 de agosto, dos días antes de ceder el poder a Uribe. Chamorro denunció el domingo que la medida fue hecha en secreto, a espaldas del Congreso colombiano, y ayer numerosos legisladores, juristas y organizaciones de derechos humanos se sumaron a las críticas. El embajador colombiano ante la ONU, Alfonso Valdivieso, dijo ayer que el Congreso conocía esta medida tomada por Pastrana. “En esto solamente hay una salida: el jefe de Estado es quien decide si aplica el artículo o lo retira. Y debe retirarlo”, dijo Chamorro. Estados Unidos ya le había pedido a Uribe, hace dos semanas, una medida similar de inimputabilidad para los instructores norteamericanos que están en el país latinoamericano en el marco del Plan Colombia.