El Pentágono, actuando como la parte acusadora, pidió ayer la pena de muerte para seis detenidos en la base naval de Guantánamo a los que imputa delitos de crímenes de guerra y asesinato en conexión con los atentados del 11 de septiembre. Es ésta la primera vez que el tribunal militar de Guantánamo presenta cargos contra detenidos directamente involucrados en esos ataques terroristas y, por tanto, es también la primera en la que pide la máxima pena. Cerca de 3000 personas murieron en el 11-S. La decisión reabre el escándalo sobre la irregularidad del centro de detención en la isla cubana y presenta un desafío más al ya de por sí controvertido sistema de comisiones militares que hasta la fecha no ha puesto en marcha un solo juicio.

Los fiscales militares de Guantánamo han presentado cargos dignos, en su opinión, de la pena capital contra Jalid Sheij Mohammed, considerado el cerebro de los atentados; Mohamed al Qahtani, bautizado como el “secuestrador número 20”, que nunca llegó a subirse en los aviones usados en los ataques; Ramzi bin Al Shibh, principal intermediario entre los secuestradores y los líderes de Al Qaida; Ali Abd Al Aziz, sobrino de Mohamed y su lugarteniente en las operaciones de 2001 y Mustafá Ahmed al Hawsaki y Walid Bin Attash, quienes participaron en el entrenamiento de los terroristas del 11-S, entre otras actividades ilegales. “Si existe un caso merecedor de la pena de muerte es éste, aplicable a individuos que formaron parte de un crimen de semejante escala”, declaró un alto funcionario del Departamento de Defensa que hablaba desde el anonimato, ya que el gobierno no ha autorizado a nadie a comentar el caso.

La acusación tiene ahora por delante un largo camino que recorrer. Fuentes judiciales apuntaban ayer a que si “el sistema de Guantánamo ha sido hasta ahora incapaz de manejar casos mucho más sencillos”, las probabilidades de que tenga éxito en esta ocasión son remotísimas. Para empezar, una vez presentados los cargos que merecen la pena de muerte, la jueza militar Susan Crawford, encargada de supervisar las juntas militares, deberá aprobar o rechazar la petición planteada por el Pentágono. Si la petición es ratificada, se daría paso a un juicio, posiblemente después de que George Bush deje la presidencia. Es bastante probable que cualquier otro presidente modifique las reglas con las que ahora se actúa en los procedimientos legales en Guantánamo.

Si comenzara un juicio, los fiscales deberían probar los hechos de los que se acusa a los imputados. Entonces jugará en contra de las intenciones del Pentágono el hecho de que, al menos sobre uno de los acusados, Jalid Sheij Mohamed, el mismo Departamento de Defensa ha reconocido que su confesión en los delitos que se le imputan fue obtenida a través de la coerción. Mohamed fue interrogado bajo la conocida técnica del “waterboarding” o “asfixia simulada” con agua, considerada tortura por los defensores de los derechos humanos. Cualquier imputación sobre un crimen que haya sido obtenida a través de la fuerza no es válida en un tribunal. Y, además, en última instancia, una pena de muerte sobre los seis acusados supondría casi la inmediata revisión de la sentencia por parte de un tribunal de apelaciones civil, que en última instancia podría acabar en el Tribunal Supremo de la nación, con lo que en este caso el tiempo que estaría en juego sería de años y años.

Pero incluso si a los detenidos finalmente se los sentencia con la pena máxima, se tardaría meses, puede que años, para que se ejecuten las sentencias. Entre otras razones, por causas de índole práctica, ya que –que se sepa– en Guantánamo no existe corredor de la muerte ni sala de ejecución. El sistema militar de justicia –que no se aplica en Guantánamo– establece que los condenados mueran por inyección letal. Pero el ejército no ha ejecutado a nadie –seis militares tienen recurridas sus sentencias a muerte en este momento en EE.UU.– desde 1961, cuando un soldado fue colgado en la horca acusado de violación e intento de asesinato.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.