La fiscal en lo Penal Económico, María Luz Rivas Diez, pidió ayer la investigación de unos veinte super-autos cuyos titulares son diplomáticos aún en actividad en la Argentina o que ya dejaron sus funciones. Se trata de camionetas Hummer y deportivos Porsche que no se condicen con las actividades diplomáticas y que, por lo tanto, podrían estar circulando a nombre de personas que trabajan en embajadas, pero con poder otorgado a particulares. Rivas Diez pide avanzar en esta investigación después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que no se ocupará del expediente hasta que haya pruebas serias y contundentes contra algún embajador. Mientras tanto, deben actuar los jueces competentes, es decir Norberto Oyarbide en el fuero Federal y Jorge Brugo en Penal Económico.

Como adelantó Página/12 en su edición del domingo, en Tribunales se dice que el juez Brugo le dará un fuerte impulso a la causa y es posible que ordene detenciones y la incautación de vehículos. El pedido de Rivas Diez encaja perfectamente en la voluntad del magistrado, ya que no tiene lógica que varios diplomáticos hayan traído, usando las franquicias de forma irregular, hasta cinco autos de cien mil dólares. Parece obvio que el objetivo del ingreso de los autos no fue el uso para la mejor relación entre los países sino hacer una diferencia que, según comentan en el mercado, le significaba a cada diplomático unos 20.000 dólares por vehículo.

En principio, el juez Marcelo Aguinsky evaluó un listado de 96 Hummers y Porsche traídos a la Argentina por personal de embajadas. Sin embargo, la nómina inicial que se hizo pública sólo incluyó 56 super-autos que, según el Registro de Propiedad del Automotor, figuraban a nombre de particulares argentinos o empresas argentinas. Quedó sin publicarse el listado de los restantes 40 autos porque están a nombre de diplomáticos, algunos en actividad y otros que ya finalizaron su labor en el país. En concreto se mencionó a siete embajadores y a numerosos agregados. Ahora Rivas Diez dice que esos 40 vehículos deben también ser investigados y, si se encuentran anomalías, se les prohibiría la circulación en términos parecidos a las unidades de particulares y empresas.

En la fiscalía dijeron ayer que “se trata de vehículos mencionados en el informe de Auditoría de la Cancillería y que habían quedado fuera de una primera pesquisa, a la espera de la decisión de la Corte. Aunque el máximo tribunal se expidió sobre otra causa, la que tramita Oyarbide, se interpreta que en este aspecto puede hacerse extensivo a esta causa también”.

Brugo volvió a imponer el secreto de sumario en el expediente y analiza la documentación secuestrada en los allanamientos del jueves pasado. El magistrado inspeccionó domicilios particulares, concesionarias y estudios profesionales a la búsqueda de elementos sobre cómo llegaron al país los super-autos, qué diplomáticos los tuvieron, cómo pasaron a manos de argentinos y, finalmente, cuál fue el camino por el que llegaron a los actuales titulares. En Tribunales dicen que Brugo no es un juez que se demore mucho, por lo cual hay expectativa sobre sus próximos pasos.