Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer en Mendoza un petitorio de familiares de detenidos-desaparecidos que exigen la renuncia del secretario de Seguridad, Carlos Rico, por su actuación durante la última dictadura, el funcionario echó más leña al fuego al denunciar por falso testimonio e injurias a una sobreviviente del Departamento 2 (D2) de la policía de Mendoza que lo reconoció como una de las personas que actuaban en ese centro clandestino. “Tengo miedo. Si alguien no respetó la vida entonces, ¿por qué la va a respetar ahora?”, planteó ante Página/12 la mujer, que pidió reserva de su identidad.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el encargado de recibir a una comisión de miembros de organismos de derechos humanos. De la reunión también participaron el ministro provincial de Gobierno, Juan Marchena; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado, y el coordinador Pablo Salinas. Tras recibir el petitorio, Randazzo sugirió “esperar un poco a que se pronuncie la Justicia federal”. Los representantes de los organismos le explicaron que entre los sobrevivientes reina el miedo y le pidieron que el gobierno nacional fuera coherente con su prédica en materia de derechos humanos e intercediera ante Celso Jaque para expulsar a Rico. Le recordaron, además, los particulares criterios de la Justicia local. La fiscal María Dolores Andrés sostiene que haber sido visto en un centro clandestino no es suficiente para imputar a nadie. El juez Walter Bento excarceló al policía Fernando Morellato, acusado por dos desapariciones forzadas, a pesar de que en su legajo consta que en 1976 pidió prestada una picana eléctrica para interrogar a tres personas.

Cuando las fotos de Rico y sus antecedentes como instructor de los “Cursos de Instrucción Contrasubversiva” en la Policía Federal trascendieron, a más de un sobreviviente sus rasgos le resultaron familiares. Fernando Rule, de la Asociación de Ex Presos Políticos, sugirió que tenía “una dicción muy similar” a la de “El Porteño”, apodo de uno de los represores que lo interrogaba en cautiverio. Una sobreviviente del D2 declaró la semana pasada ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de Mendoza y ante la Justicia federal haber reconocido a Rico como una de las personas que actuaban en el D2. “Es un rostro muy particular, rasgos muy definidos –contó a Página/12–. Cuando vi la foto en el diario lo reconocí. Como era mujer nos hacían levantar un poco la venda para repartir comida y limpiar los pisos. Por eso pude verlo.”

La mujer destacó el rol que ocupa el miedo. “Es difícil pelear contra estas cosas. Este hombre actuó en el marco del terrorismo de Estado y hoy ocupa un alto cargo en seguridad. Tengo miedo, pero no puedo callar. Los mendocinos merecemos que la seguridad esté en manos de alguien que respete la vida y los derechos humanos, sobre esas bases debemos construir la democracia. Pero es difícil enfrentar una relación de poder tan desigual. Quien no respetó la vida ayer, ¿por qué va a respetarla hoy?”, se preguntó.

Rico no es el único funcionario cuestionado. El ministro de Seguridad, Juan Aguinaga, incorporó a otros cuatro comisarios retirados que tomaron cursos “contrasubversivos” durante la dictadura. El gobernador Jaque aún no respondió a los organismos locales ni al Centro de Estudios Legales y Sociales, que la semana pasada pidió la remoción de Rico y del director de logística, Aníbal Gómez, porque “carecen de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado”.