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Desde que se supo de la convocatoria a este nuevo referéndum, la prensa internacional ha insistido en plantear que estábamos frente a una elección entre democracia y autoritarismo. La fórmula es conocida y falaz. Reelecciones indefinidas hay en sistemas con altísima concentración de poder en el primer ministro y férrea disciplina de partido como Canadá, Reino Unido o Australia. También funciona en regímenes verdaderamente autoritarios y represivos, algunos de ellos aliados estratégicos de Estados Unidos, como Egipto, y éstos se mantienen en el poder por años sin que eso conlleve un cuestionamiento de su clase dirigente.

Un recuento de los diez años de gobierno bolivariano da, por el contrario, un indicio de su vocación democrática. Chávez lidió contra los embates y las resistencias de la derecha manteniéndose siempre dentro de los marcos institucionales y su única derrota electoral fue reconocida inmediatamente a pesar de la ínfima diferencia que existió entre el Sí y el No a la propuesta de reforma constitucional, lo cual significó un enorme refuerzo a su legitimidad a nivel nacional e internacional. En cambio, la oposición optó hasta la reelección presidencial de diciembre de 2006, sólo por el camino de la violencia y el enfrentamiento. El golpe de Estado en 2002, el paro petrolero que tuvo al país desabastecido por tres meses y la abstención a la elección parlamentaria en 2005 son sólo unos ejemplos.

Es cierto, sin embargo, que hoy ya no son éstas las condiciones. La situación en Venezuela es muy diferente a la de Bolivia y Ecuador, países donde también se impulsan refundaciones políticas mediante reformas constitucionales. Chávez ya no lidia con la falta de base parlamentaria propia, como Rafael Correa, o con el desafío de una derecha golpista y secesionista, como Evo Morales. Nada condiciona lo suficiente como para destinar energías en otro sentido que no sea el proceso de cambio. El énfasis en mantener a Chávez para continuar la epopeya transformadora se trata quizá de una subestimación del proceso mismo.

El problema parece ser entonces que este nuevo intento por impulsar la reelección indefinida no hace más que reforzar un modelo de planificación estatal contrario a lo que en sus premisas plantea la revolución bolivariana. En vez de buscar y armar posibles candidatos que permitan alternancia, se apuesta así por una creciente centralización. En vez de otorgar herramientas para el buen funcionamiento de los consejos comunales, las mesas técnicas de agua y todas aquellas “instituciones” de la democratización que hoy tienen problemas por las trabas de la ineficiente –y muchas veces, corrupta– burocracia, robustece los mecanismos de un Estado que no se alteró tanto y que es todavía un poco inmune al proceso de cambio.

El resultado de esta elección abre por eso una pregunta y un de-safío para el futuro de Venezuela en un contexto de aguda crisis internacional y de baja sustantiva de su principal ingreso, el petróleo. Esta coyuntura hoy puede alimentar la dependencia del Partido Socialista Unido de Venezuela hacia Chávez, con el riesgo de desgaste de un electorado que ya mostró en 2007 no ser tan incondicional. O puede, por el contrario, fortalecer el lazo con las bases sociales que la sustentan, acentuando así el proceso de democratización y redistribución social, y volviendo a los cambios que hoy vive el país menos reversibles.

* Miembros del Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.