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Barack Obama dio ayer un paso más para borrar parte de la herencia ilegal de la era Bush. Mediante una orden escrita, el presidente estadounidense decidió anular todas las órdenes impartidas por su predecesor que se encontraban al margen de la ley, en especial aquellas relacionadas con el uso de la tortura y las escuchas ilegales, dispensando a las agencias gubernamentales de darles cumplimiento. “Las declaraciones firmadas no deben ser utilizadas para que el presidente desatienda las exigencias legales con la excusa de diferencias políticas”, afirmó la orden emitida por Obama.

El mandatario norteamericano dictaminó que antes de obedecer lo que digan esas declaraciones –que siguen, técnicamente, en vigor–, cualquier funcionario consulte antes a la fiscalía general. Aunque en el caso de la tortura la situación ya había sido aclarada por Obama mediante otros decretos, esta última decisión del presidente supone un mayor golpe para terminar con el régimen excepcional montado por Bush.

Sin embargo, Obama no anuló el instrumento legal para esta clase de órdenes, las llamadas declaraciones firmadas, sino que prometió utilizarlas de forma muy extraordinaria.

Las declaraciones firmadas son un instrumento que los presidentes en ese país vienen utilizando de manera muy esporádica desde hace más de un siglo. Se trata de un documento escrito por el que el presidente autoriza a los funcionarios del Estado a ignorar determinados apartados de una ley que él considera inconstitucionales. Muchos juristas se pronunciaron en Estados Unidos en contra de dicha práctica, calificándola de inconstitucional, alegando que podría sobrepasar los poderes que la Constitución otorga al Ejecutivo frente al Legislativo, es decir, firmar o vetar las leyes que el Congreso le entregue para la firma.

Con las declaraciones firmadas el presidente no puede vetar toda una ley, pero sí puede impedir el cumplimiento de alguno de sus apartados o crear excepciones que pueden permitir ignorarlos.

En este sentido, Bush firmó una ley en el 2005 que prohibía el uso de la tortura, pero a continuación emitió una declaración firmada que autorizaba a los empleados del gobierno a desobedecerla en ciertas circunstancias.