Desde Roma

Pocos de los familiares de desaparecidos que actúan como querellantes en la causa por el Plan Cóndor en Roma viven en Italia. Dos de ellos son la uruguaya residente en Roma Cristina Mihura, viuda del uruguayo-italiano Armando Bernardo Arnone Hernández, secuestrado en Buenos Aires en 1975, y la chilena residente en Bolonia María Paz Venturelli (ver aparte), hija del chileno-italiano Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desaparecido en Chile en 1973. Ambas elogian el accionar de la Justicia argentina y desearían que lo mismo hicieran sus respectivos países.

“Me casé con Bernardo cuando tenía 20 años, en 1974 –contó a Página/12 Cristina Mihura–. Militábamos en la Resistencia Obrero Estudiantil, ROA. Nuestra organización no era guerrillera, nunca mató a nadie. Pero la situación se puso muy difícil en Uruguay y pensamos que en Argentina iba a ser más fácil hacer actividades políticas uruguayas. Claro, no sabíamos que existía el Plan Cóndor. En Argentina, con otros uruguayos, Bernardo participó de la fundación del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo. El 1º de octubre de 1976 Bernardo salió temprano de casa. Dijo que volvía a mediodía. Pero no volvió nunca más”. Mihura se fue de la Argentina poco después. Salió por Brasil, ayudada por argentinos a los que no conocía. Vivió como asilada algunos meses en Suecia. Llegó a Italia en 1977.

El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños. Muchos de ellos fueron llevados al centro clandestino Automotores Orletti, incluido Bernardo. Cristina ha sido una de las primeras personas que trabajaron para que esta causa contra los represores latinoamericanos se iniciara en Italia. Ella y otros empezaron a presentar documentación y pedidos al fiscal en 1992. Pero la causa comenzó oficialmente recién en 1999, lo que hizo que el fiscal Giancarlo Capaldo fuera criticado. “No creo que nadie haya criticado tanto al fiscal Capaldo como lo hice yo. Un equipo de 20 personas en 12 países del mundo había encontrado pruebas sobre el centro clandestino Orletti. Sabíamos más que en Argentina, porque estamos hablando de un tiempo (1999-2002) en el que en Argentina regían todavía las leyes de obediencia debida y punto final. Con el mismo grupo de familiares uruguayos con el que me presenté en Roma, nos presentamos en 2002 ante la Justicia argentina y en 2006 en Uruguay”, contó.

Y respecto de Italia dijo que “tenían confianza en que todo iba a ir bien en Roma. Capaldo viajó y tomó declaraciones a mucha gente por el mundo. Pero después la cosa se trancó. En un cierto punto manifesté mi desesperanza, escribí a parlamentarios y otras autoridades italianas. Estos mismos resultados podrían haberse producido antes. No fue así. Pero ahora lo importante es que tenemos esta audiencia preliminar y por eso aplaudo a Capaldo”.

Mihura no fue menos condescendiente con su país. “La deuda de Uruguay en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas es enorme”, dijo. Y en cuanto a la sentencia, además de una justa condena, Mihura espera poder saber dónde está el que fuera su marido. “Porque después de tantas querellas judiciales, todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río. Quiero saber lo que pasó. Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, lo hiciera la Justicia uruguaya”, concluyó.