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Los detractores de la política del presidente Obama apuntan contra el Programa de Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés), que permitió suspender la deportación de indocumentados. Por carácter transitivo también cuestionan la reforma migratoria que está frenada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que sacaría de la ilegalidad a unos 11 millones de inmigrantes sin papeles.

Con el DACA se beneficiaron unos 500 mil jóvenes. Otorga un permiso de trabajo y la suspensión de la deportación por dos años a quienes hayan ingresado a EE.UU. de manera ilegal antes de cumplir los 16 años.

Uno de los requisitos de ingreso a ese programa es haber llegado al país antes de junio de 2007.

El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, lamentó que en 2012 el Congreso no fuera consultado sobre la Acción Diferida que permitió un aplazamiento del cumplimiento de las leyes a las personas que se encontraban en el país ilegalmente.

“Esto es un desastre que ha hecho esta administración. Así que el presidente Obama debe asumir la responsabilidad”, dijo este político de 80 años que ocupa una banca en el Senado desde 1981.

Entre quienes se oponen a conceder beneficios a los indocumentados hay propuestas variopintas de mano dura: los que piden más presupuesto para levantar muros o el refuerzo de uniformados en la frontera con México, los que quieren dotar de más fondos (unos 230 millones de dólares) a la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Carsi), y hasta quienes sugirieron incrementar los ingresos del Comando Sur para combatir la criminalidad.