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Por José Manuel Calvo *
Desde Sacramento

Las elecciones de California han supuesto una tremenda pelea para un puesto ahora mismo poco envidiable, aunque sea la quinta economía del mundo, una economía de 1,4 billón de dólares. El gobernador del estado tiene una situación difícil por lo que se refiere a las cuentas presupuestarias: California gasta al mes mil millones más de dólares de lo que ingresa, y lleva así casi tres años. Para seguir funcionando debe endeudarse sin parar (18.000 millones en los próximos nueve meses). Los cálculos de déficit del presupuesto 2003/2004 se elevan a 38.000 millones. Y el gobernador, que debería gastar menos y gravar más, tiene las manos relativamente atadas: la mayoría demócrata de la Cámara impide el recorte de gastos y la minoría republicana bloquea las subidas de impuestos. Además, muchos gastos y algunas restricciones fiscales se deben a la voluntad popular.
A pesar del déficit presupuestario y de las repercusiones de la crisis general, California es el estado más dinámico y potente de Estados Unidos. Es también el más poblado, con 35 millones de habitantes, y el de mayor diversidad: ya no hay mayoría absoluta de blancos (47 por ciento de la población); los hispanos son el 33 por ciento, los asiáticos el 11 por ciento y los negros, el 7 por ciento. La cuarta parte de la población no ha nacido en Estados Unidos (frente al 10 por ciento nacional).
El mapa político es también diferente: los californianos son, en líneas generales, más moderados que sus dirigentes políticos. Y lo que más ha crecido en los últimos años ha sido la franja de ciudadanos que se declaran independientes (un 16 por ciento, frente a un 35 por ciento de republicanos y a un 44 por ciento de demócratas, un notable descenso con respecto al 57 por ciento de hace 25 años). Las fidelidades son menores, los votos son más imprevisibles. ¿Por qué un gigante así tiene dificultades con un presupuesto que alcanza los cien mil millones de dólares anuales? Obviamente, porque gasta más de lo que ingresa, pero también porque a sus ciudadanos les gusta tomar iniciativas en referendos y porque la clase política, desbordada por estas iniciativas, está encastillada en el partidismo y no se atreve a asumir decisiones impopulares que la lleven de la actual irrelevancia a ser blanco de la ira de los votantes.
En la época de la prosperidad, hace tres años, California se encontró con un superávit de 12.000 millones de dólares. Al gobernador Davis y a la Cámara (controlada por el Partido Demócrata) les pareció que lo mejor era dedicar el dinero a una rebaja generalizada de impuestos –todos contentos–, al tiempo que se aumentaban los gastos en educación, salud y funcionariado. Y entonces llegó la crisis, la crisis general de la economía y la crisis particular de la nueva economía. Silicon Valley –el corazón de las nuevas tecnologías, situado entre San Francisco y San José– sufrió como ninguna zona de Estados Unidos, con efectos tan devastadores que algunos los comparan a la crisis del automóvil que sacudió a Detroit en los ‘70. En diciembre de 2000, el desempleo era del 1,3 por ciento; ahora es del 7,9 por ciento (y eso gracias a que se han ido millares de personas, porque llegó a ser del 8,9 por ciento hace unos meses). Silicon Valley, que empieza a recuperarse, tiene aún un 19 por ciento de sus oficinas sin alquilar.
Y aunque California es más que las nuevas tecnologías –el sector aeroespacial y de defensa, la biotecnología, Hollywood, la agricultura–, los ejecutivos y empresarios de Silicon Valley aportaban mucho dinero en forma de impuestos, sobre todo cuando cobraban sus stock options. Desde que, en 1978, los californianos aprobaron la Proposición 13, que abarató escandalosamente los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los ingresos del Estado dependen de los impuestos sobre la renta y el consumo. Con 200.000 empleos perdidos en Silicon Valley, más la repercusión de la crisis de la Bolsa en las stock options, más la parálisis producida por la crisis energética de 2001, sonaron todas las alarmas, pero nadie hizo caso.
A todo esto hay que añadir que California tiene un sistema de salud para los más pobres muy generoso para la media de los estadounidenses; que debe dedicar –de nuevo por una iniciativa popular, la Proposición 98, aprobada en 1988– un 40 por ciento de la partida principal del presupuesto a la enseñanza pública; que cuenta con una enorme red de autopistas caras de mantener y que gasta un 30 por ciento más que los otros estados en policías y cárceles –en 1994, los californianos aprobaron la iniciativa que condujo a la ley de “al tercer delito, a la cárcel”–. Es decir, que no es sencillo recortar los gastos ni, a la vista de la experiencia, aumentar los impuestos, pero California no tiene muchas más opciones para salir de los números rojos.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.