[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Hasta ahora, las denuncias y escándalos surgidos a raíz de investigaciones sobre actos de corrupción en Petrobras –la llamada Operación Lava Jato, o sea, Lavado Rápido– habían golpeado duramente a partidos que integran la base aliada del gobierno en general, y de manera muy especial al Partido de los Trabajadores, llevando a la cárcel algunas de sus figuras de mayor relieve, y rozando (aunque sin indicios y mucho menos pruebas) la figura del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Pero en la mañana de ayer el tema adentró con fuerza en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, y alcanzó al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La prisión del senador Delcidio Amaral, del mismo PT de la mandataria, significó también la prisión del líder del gobierno en el Senado y uno de los más activos y hábiles articuladores en la Casa. Interlocutor frecuente de Dilma, Amaral tuvo su prisión autorizada por la Corte Suprema, en un acto constitucional de suma gravedad.

Por primera vez en la historia del Senado, uno de sus miembros es detenido en pleno ejercicio de su mandato. La Constitución solamente autoriza ese tipo de acción cuando el Parlamentario es flagrado, con pruebas incontestables, cometiendo un crimen no pasible de fianza jurídica. Y fue exactamente lo que ocurrió.

Vale reiterar: más que un senador en ejercicio de su mandato, quien fue detenido ayer era nada menos que líder del gobierno en el Senado. Por lo tanto, hombre de confianza del partido y, principalmente, de la presidenta.

Las acusaciones son graves y las pruebas, hartas. La principal: la grabación de una hora y media de conversa entre Delcidio Amaral y el abogado Edson Ribeiro, acompañado del hijo de su cliente Nestor Cerveró, ex director de Petrobras detenido hace un año por haber participado de forma decisiva en la estructura de corrupción implantada dentro de Petrobras. Al dirigirse a Bernardo Cerveró, hijo del preso, Delcidio Amaral entra en detalles sobre cómo el ejecutivo preso debería salir del país tan pronto obtuviese un hábeas corpus de la Corte Suprema. Y más: relata cómo negociaba personalmente con ministros de la Corte para que tal hábeas corpus fuese concedido. Ese punto fue el que más irritación provocó en los ministros del Supremo, por mentiroso.

Delcidio Amaral fue alto ejecutivo de la misma Petrobras, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, antes de entrar en el PT y elegirse senador. Cerveró era su protegido y estuvo metido hasta las cejas en el esquema de corrupción que, a propósito, habría –acorde con denuncias– beneficiado a su protector. Decidido a hablar a la Justicia para obtener los beneficios de la “delación premiada”, que implica drástica disminución de su condena, lo que él diga podrá seguramente hacer temblar toda la estructura política brasileña, alcanzado inclusive el PMDB, principal aliado del gobierno.

Ya se sabe, por ejemplo, que en su primer intento de alcanzar los beneficios de la “delación premiada”, Cerveró insinuó que Dilma Rousseff, en la época presidía, como jefe de Gabinete de Lula, el Consejo de Administración de la Petrobras, sabía de la escandalosa compra, por la estatal, de una refinería en Pasadena, Texas. El negociado provocó pérdidas de mil millones de dólares a Petrobras y rindió coimas de millones de dólares a los corruptos, Cerveró entre ellos, además de engordar las arcas de varias campañas electorales, la de Dilma inclusive.

Hasta ahora no surgió ninguna prueba concreta ni de que Dilma efectivamente supiese del negociado (ella argumenta que, como presidente del Consejo, fue engañada por un falso informe elaborado por Cerveró) y menos que dinero sucio haya sido desviado para financiar su campaña.

Pero hay otros desdoblamientos y consecuencias que surgirán a partir de la prisión de Delcidio Amaral. Para empezar, queda comprobado, y de una vez, que para la actual Corte Suprema brasileña no hay que confundir inmunidad parlamentar con impunidad.

Y eso trae embutido un claro mensaje a todo el Congreso, cuyas dos Casas –la Cámara de Diputados y el Senado– están presididas respectivamente por Eduardo Cunha y Renan Calheiros, ambos bajo rigurosa investigación de la misma operación judicial que llevó a una celda a su colega que, además, era nada menos que el líder del gobierno.

Algo está cambiando en Brasil. Por más que sean criticables muchas de las iniciativas del juez de provincia que encabeza, con alto sentido mediático, la Operación Lava Jatos; por más que buena parte de la filtración de secretos judiciales a los medios de comunicación, tanto por parte del Ministerio Público y de la Policía Federal, tengan como clarísimo objetivo bombardear al PT y a Lula; por más que las garantías constitucionales sean presionadas con frecuencia, es indudable que semejante osadía no tiene precedentes tanto de parte de la Procuraduría General de la Unión como de la Corte Suprema. De haber surgido antes, en gobiernos anteriores, quizás el mal de la corrupción endémica ya hubiese sido cortado por la raíz.