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La lógica manicomial nunca contempló el ámbito de la sexualidad de las personas internadas en hospitales psiquiátricos: o se piensa que fácticamente estas personas no van a tener posibilidades de desarrollar una vida sexual plena o se entiende que dichas relaciones deben ser prohibidas o evitadas, suponiendo que siempre son en mayor o menor medida involuntarias. El sistema de atención psiquiátrica de la Ciudad de Buenos Aires tiene como división primaria de los usuarios su sexo biológico, como puede verse en el diseño institucional de dos enormes hospitales monovalentes: uno para hombres (Borda) y otro para mujeres (Moyano), y de los respectivos pabellones en el caso de servicios mixtos. Se trata de una restricción a las posibilidades de socialización con personas con quienes puedan desarrollar un vínculo sexo-afectivo en el campo relacional propio. Y la división de espacios según el sexo, como forma de imponer un supuesto control a los eventuales contactos sexuales entre las personas internadas, evidencia la lógica heteronormativa dominante que da por supuesta la heterosexualidad de los usuarios, por lo que los contactos sexuales de otro tipo son negados.

La imposibilidad de acceder a espacios de intimidad fuerza a los sujetos a realizar sus prácticas sexuales a la vista de otros. La exhibición es así una situación forzada, pero el discurso institucional la considera un síntoma más de psicopatologías individuales. Los compañeros de convivencia son partícipes involuntarios de estas situaciones. Una mujer residente de un hogar en Mendoza manifiesta: “En El Sauce los médicos no me dejaban estar con mi marido; un día me desnudé y le pregunté si él no necesitaba también estar con su esposa”.

Y se da el abuso sexual como práctica habitual de reforzamiento de estructuras de poder a través de la violencia. En la institución de encierro estas situaciones de abuso son minimizadas o invisibilizadas por el discurso que se limita a justificarlas por la sintomatología de una u otra persona internada, sin tomar en cuenta las condiciones estructurales del manicomio. Las personas internadas prefieren no denunciar los hechos, por temor y porque no pueden acceder a la judicialización del caso; cuando son víctimas no acceden a ningún tipo de reparación.

La falta de gestión de la sexualidad dentro de los dispositivos manicomiales tiene su correlato en la negación e invisibilización de la reproducción. De las personas entrevistadas en el marco de la investigación –pese a que la mayoría, ya viviendo fuera del psiquiátrico, tenían mayores posibilidades de mantener encuentros sexuales– sólo un 3,4 por ciento informó haber recibido atención para prevenir embarazos en el último año. La desinformación e imposibilidad de elegir consentidamente métodos anticonceptivos, las esterilizaciones forzadas, los abortos no consentidos o la obstaculización de la ejecución de abortos no punibles, entre otras prácticas, se naturalizan como parte del funcionamiento institucional. Una mujer entrevistada señaló respecto de importantes decisiones médicas ligadas a su salud reproductiva (la ejecución de un aborto y posterior esterilización): “Decidieron por mí porque estaba medicada”. Otra relató desconocer qué tipo de anticonceptivos tomaba, pues éstos le eran administrados por su madre. Una mujer residente en un hogar en Mendoza refirió que su “patrona” –familiar del dueño del hogar donde vivía– la hizo abortar porque no quería que tuviera el hijo como madre soltera.

Un hombre que vive en un hogar de externación en Mendoza junto a su pareja, externada del mismo hospital, comentó en una entrevista: “Me dijeron que podía denunciar el aborto que los médicos le hicieron a mi pareja, pero yo no quise, igual no lo íbamos a poder criar al niño y podíamos terminar en la calle”. La posibilidad de imaginar un proyecto de vida autónomo y viable está vedada para estas personas, que han sido despojados de la posibilidad de fundar una familia.