Mientras se duplicaron las denuncias por violencia contra las mujeres y niñas en el fuero de Familia de la provincia de Buenos Aires entre 2010 y 2014, “ha crecido enormemente” en ese último año el número de causas por lesiones leves o amenazas –como se califican mayormente las causas penales por violencia machista– que terminan archivadas. Lo que significa que la Justicia penal sigue sin escuchar los pedidos de ayuda de las víctimas y promueve una cultura de impunidad para los agresores. Además, como es “inexistente” el patrocinio jurídico gratuito para las denunciantes en el ámbito penal, las mujeres que no cuentan con abogado particular, quedan “en estado de indefensión” frente a las distintas resoluciones que van adoptando los jueces. Estas son algunas de las conclusiones del monitoreo de políticas públicas que realizó el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense y cuya titular, Laurana Malacalza, adelantó ayer en un foro de organizaciones de la sociedad civil y activistas, que tuvo lugar en una sala del Anexo de la Cámara de Diputados, en el marco de la conmemoración del Día de Lucha contra la violencia hacia las mujeres, para repasar los ejes centrales de las políticas para la prevención y erradicación de la violencia, desde diversas perspectivas, con vistas al cambio de gobierno a nivel nacional y provincial.

La reunión fue abierta por un profundo análisis de la problemática, a cargo de la filósofa feminista y coordinadora del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diana Maffía, quien abogó por la jerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres, órgano ejecutor de la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, la asignación de un presupuesto adecuado y la designación al frente de “alguien capaz para el cargo”. Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) reclamó la realización periódica de encuestas nacionales para poder conocer cuántas mujeres sufren algún tipo de violencia en su vida. Hoy no se sabe. “Tenemos datos administrativos, de las denuncias que se hacen. Pero hay que tener en cuenta que en una encuesta que hicimos en el ámbito metropolitano, surgió que el 75 por ciento de las mujeres que dijeron haber sufrido algún tipo de violencias nunca se lo habían contado a nadie y apenas el 10 por ciento buscó ayuda en algún tipo de institución pública”, señaló Gherardi, para dar cuenta de que las estadísticas de denuncias muestran apenas una parte del problema.

Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro, demandó un plan nacional contra la violencia hacia las mujeres, que implique programas concretos de prevención, capacitación de personal e investigación, como prevé la Ley 26.485 y nunca se implementó durante la gestión kichnerista de Mariana Gras Brusceto al frente del CNM. “Hoy no es lo mismo ser víctima de violencia de género en las grandes ciudades que en el interior de las provincias. En algunos lugares hasta se cobran las exposiciones en las comisarías y no les toman denuncias”, apuntó Túñez, en alusión a la disparidad de dispositivos de atención y denuncia existentes. Señaló también la necesidad de crear centros integrales para unificar la atención y evitar que las mujeres tengan que deambular “de una ventanilla a otra contando lo que les pasa”, y de efectivizar la ley de patrocinio jurídico gratuito, recién sancionada por el Congreso, para que haya equipos de abogados especializados en todo el país; expresó la importancia de la educación sexual integral y de la puesta en marcha de políticas de fortalecimiento de las víctimas, que contemplen programas de capacitación laboral, y el problema de la vivienda para las que la necesiten. “Se debe incluir el tema dentro de una política de derechos humanos. No sirven las políticas asistencialistas”, subrayó.

Malacalza repasó los principales puntos del monitoreo de políticas públicas que terminó el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Entre otros, el informe advierte que en la provincia de Buenos Aires, “existen demoras considerables en la remisión de la denuncia policial a los Juzgados de Familia y de Paz o a la Justicia Penal” y “se encuentran múltiples dificultades para el accionar del personal policial frente a la violación de medidas de protección dictadas por la justicia”. Por ejemplo, a las mujeres que llaman al 911 se les informa que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. En el año 2014, se recibieron un total de 396.295 llamadas al 911, en el ámbito bonaerense, un promedio de 1090 llamadas por día por violencia familiar. Y 4461 denuncias en las Comisarias de la Mujer y la Familia por los delitos contra la integridad sexual. Uno de los aspectos más graves que denunció Malacalza es que durante 2014 se archivaron “43.990 causas por delitos de amenazas y lesiones leves”. Esa suele ser la carátula de las denuncias por violencia machista, indicó. Otro punto preocupante, agregó, es que durante 2013 y 2014 “no se calificó ningún homicidio perpetrado contra mujeres como femicidio”. “Nos preocupa la enorme desarticulación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, las enormes carencias de los juzgados de familia, el hecho de que no hay patrocinio jurídico gratuito para las víctimas ni para sus familiares en los casos de femicidio. Se deben crear unidades fiscales especializadas sobre violencia”, enumeró. Otras demandas estuvieron relacionadas con la necesidad de incluir la perspectiva de género en los operadores de la Justicia y en las universidades, para la formación de los abogados y de otros profesionales, con el hecho de que las políticas públicas sobre violencia contemplen las problemáticas singulares que afectan a las mujeres migrantes, en situación de prostitución, aquellas con discapacidad, y las travestis. Se habló también de los obstáculos de las políticas de género en las villas porteñas y de la falta de coordinación entre instituciones que abordan la violencia de género en partidos del conurbano como Vicente López y Esteban Echeverría. Además, se planteó la necesidad de insistir el año próximo en el Congreso con la sanción de una ley de interrupción voluntaria de embarazo.

A lo largo de cuatro horas, fueron dando sus puntos de vista, referentes de distintas ONG como Gisela Grunin, de FEIM; Verónica González Bonet, de la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); Gabriela Pombo de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref); Paola García Rey, de Amnistía Internacional; Monique Altschul, de Mujeres en Igualdad; Daniela Fagioli, de Mujeres en Lucha; Raquel Vivanco, de MuMaLá, y referentes del colectivo Ni Una Menos, entre otras voces.