En la trinchera opuesta, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina mostraron su “preocupación” por un potencial debilitamiento del mercado brasileño, en coincidencia con la central empresarial cruceña Cainco, que opinó que la nacionalización ahuyentará la inversión extranjera. Pero la oposición de derecha se mostró sorprendida y sin discurso unificado. Algunos de sus referentes declaraban que “se trató de un show mediático” o que “es fácil sacar un decreto pero no así implementarlo”. Otros, a título individual, expresaron su adhesión. Las críticas más duras –amplificadas por los medios de comunicación– vinieron de la izquierda radical vinculada con una Central Obrera Boliviana (COB) al borde de la extinción, que considera las medidas insuficientes por no haber expropiado las empresas petroleras.

El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, dio ayer una conferencia de prensa en la que señaló que la nacionalización no fue ni será negociada. El presidente de la brasileña Petrobras, Sergio Gabrielli, había declarado que la medida implementada por Evo Morales “fue una decisión unilateral, tomada de forma inamistosa, que nos obliga a analizar con mucho cuidado la situación en Bolivia” y agregó que “Petrobras tomará todas las medidas legales necesarias para preservar sus derechos”. No obstante, tanto la firma brasileña como la española Repsol anunciaron que no se irán de Bolivia.

El director de la revista ABC Economía y Finanzas, Alberto Bonadona, dijo a Página/12 que no cree que las empresas se embarquen en juicios contra el Estado boliviano. “Fue un momento adecuado, interna y externamente, para tomar esta medida. Dado el actual nivel de los negocios, las empresas más grandes van a intentar entablar una negociación que incorpore a sus gobiernos para la firma de nuevos contratos, mientras que las más pequeñas posiblemente intenten asociarse a (la estatal) YPFB”, dice el analista económico, quien considera que “con estos precios del petróleo es improbable que alguna empresa se vaya” y señala que “solamente la Exxon ganó en un trimestre el equivalente al PBI boliviano de un año”.

Ayer, el gobierno de Evo Morales buscó negar la influencia cubanovenezolana en la decisión de nacionalizar. “Este es un camino de dignidad y de soberanía. Nosotros no tratamos de imitar a nadie, este es nuestro camino y lo estamos adoptando con absoluta independencia”, dijo Soliz Rada. Mientras tanto, Estados Unidos anunciaba que vigilará de cerca cualquier impacto potencial sobre el clima para la inversión del sector privado en Bolivia y el respeto del gobierno boliviano a sus obligaciones contractuales (ver recuadro de página 17).

Con relación a los precios de venta de gas a Argentina, Soliz señaló que “esa negociación no depende del decreto de nacionalización, con Argentina ya estábamos renegociando precios que el gobierno boliviano considera injustos y se han retomado los contactos”. Bonadona explicó que “una de las disposiciones más importantes del decreto es que el Estado fijará los precios de exportación”. Los pasos posnacionalización seguirán con una auditoría independiente a las petroleras –“con cooperación canadiense y noruega, dos países sin intereses en Bolivia”– y con los primeros intentos de industrialización: una planta que permita separar líquidos como etano, propano y butano que hoy se exportan a Brasil junto con el gas y sin valor agregado y una planta de producción de diésel ecológico.

“Si la nacionalización no sirve para crear empleo y mejorar las condiciones de vida de los bolivianos diremos que fue un fracaso”, concluyó el ministro que alguna vez escribiera en La Opinión de Jacobo Timerman. Soliz Rada defendió también el aumento de impuestos para los campos grandes: “Creemos que incluso poniendo 10 por ciento para las empresas y 90 para el Estado seguirían teniendo ganancias, pero eso hoy es sólo un decir, debemos hacer la auditoría para ver cuánto invirtieron y ganaron las empresas, ya que sus declaraciones juradas impositivas no son fiables”, concluyó. Y ayer más de uno debe haberse puesto nervioso ante el anuncio de Evo Morales de que la minería y la tierra seguirán el camino impuesto por la administración indígena: “Recuperar todos los recursos naturales para los bolivianos”.