Argentina intenta reformular el contrato de compra de gas para garantizar un volumen bastante superior al actual y conjurar la posible crisis energética que se desataría en un año y medio por insuficiencia de ese carburante. Para eso es necesario que Bolivia pueda asegurar la cantidad y un precio factible, aspiración estratégica que también tiene Brasil, cuya prominente industria paulista en gran medida depende del gas boliviano.

Para los funcionarios argentinos, tener que discutir ahora esas dos condiciones con sus pares bolivianos en lugar de hacerlo directamente con los representantes de las petroleras radicadas allá no es ninguna novedad, ya que los términos de un nuevo contrato ya se estaban definiendo a través de los contactos Estado-Estado. El esquema de nacionalización tampoco entraña grandes cambios respecto de la posibilidad de fijar un precio hacia el futuro, que la administración de Evo Morales aspira a elevar desde los 3,15 dólares el millón de BTU en frontera que se paga hoy.

Según especialistas del Instituto Argentino de la Energía, un límite a las apetencias bolivianas lo impone la posibilidad de migrar a un combustible sustituto como el fuel oil, que si bien en el corto plazo es mucho más caro (el equivalente a 7 dólares el MBTU), en contratos a largo puede retroceder hasta 4,5 dólares aproximadamente. Tampoco talla aquí cuánto se pague el fluido en América del Norte. La cuestión es fijar un precio factible para el mercado regional. Ambos datos sirven por igual a argentinos y brasileños a la hora de discutir el precio de compra.

Las ricas reservas bolivianas son más que suficientes para atender los requerimientos a uno y otro lugar de la frontera, pero la clave está en garantizar un nivel de producción apropiado. Las privadas, hasta ahora responsables de invertir para explorar y extraer, aseguran que harán un parate temporal hasta que estén claras las condiciones definitivas, algo que “demorará” los desembolsos necesarios pero no los desalentará definitivamente. Si al cabo del semestre de negociación que se abrió el lunes, Repsol, Petrobras, Total o British desistieran de seguir con este lucrativo negocio, serían previsible y rápidamente reemplazadas por otros inversores sustitutos: ayer mismo, los rusos hicieron saber su intención de desembarcar. Para las empresas la principal incógnita es cuál será el esquema definitivo de asociación con YPFB. Esto surgirá de un análisis “caso por caso”, sobre la base de información que provean las auditoras privadas internacionales que se ocuparán de desmenuzar el negocio de cada empresa. Sólo entonces, el Estado boliviano definirá qué proporción definitiva de la torta quiere para sí en cada contrato.

En el esquema boliviano se nota nítida la mano de Hugo Chávez, no sólo por la determinación, sino en la ingeniería jurídica. Según los considerandos, los acuerdos con las petroleras violan la Carta Magna por desconocer la soberanía estatal de los recursos. Como Venezuela, sobre esta base Bolivia podría invocar su ilegalidad para eludir reclamo empresarios y persuadirlos de que se asocien de buena gana.