El 19 de julio de 1924, ante una huelga y los intentos aborígenes de emigrar, la policía rodeó la reserva aborigen de Napalpí y disparó sobre las tolderías durante 45 minutos. La documentación histórica contó al menos 200 muertos. “Yo me enteré de chico por medio de los adultos de la comunidad, que hablaban aún con mucho temor. Hoy, muchos años después, venimos hasta acá a pedir justicia”, explica Hermenegildo López, referente de la Comunidad Toba-Qom La Matanza, del Chaco, que llegó hasta Buenos Aires para impulsar una demanda ante al Estado nacional.

Hermenegildo es la tercera generación de aquellos “hermanos”. Piel oscura, cabello azabache, hablar firme. Tiene 46 años, seis hijos y una promesa: “No parar hasta que se haga justicia”. En eso anda desde 2004, cuando se cumplieron 80 años de la represión y la Comunidad La Matanza –de la que forma parte– se presentó como querellante ante el Estado. Reclaman “indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño moral y búsqueda de la verdad histórica”.

“Lo sucedido en Napalpí fue transmitido en nuestro pueblo en voz muy baja porque era como un testimonio prohibido entre hermanos aborígenes, siempre hubo mucho temor a más represalias”, explica López y toma como ejemplo el recuerdo de su madre: “Ella siempre me decía que ‘si al cacique le degollaron por reclamar, no te conviene a vos reclamar’. Pero dejamos atrás ese miedo, ahora queremos instalar el caso aquí, por eso venimos de un rincón olvidado de la Argentina para difundir algo que tal vez mucha gente desconoce”, asegura López, ex presidente del Instituto del Aborigen del Chaco.

Los abogados que impulsan la causa, Carlos Díaz y Julio García, explicaron que la investigación judicial está trabada. Esperan que el juez ordene el inicio de las excavaciones en una zona que la comunidad identifica como el lugar de las fosas comunes. Y en Buenos Aires, la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado, argumenta que “no está acreditado el vínculo entre los reclamantes y los fallecidos”.

“Las causas por Napalpí y Rincón Bomba son los dos primeros juicios sobre genocidios de pueblos originarios”, destaca la presentación de los abogados. Piden como indemnización la polémica suma de 120 millones de dólares. “El blanco dice que es un disparate. Pero para nosotros es una esperanza de poder tener nuestro desarrollo para mantener nuestra identidad y nuestra cultura”, retruca López.