“Verdad toda, justicia en la medida de lo posible.” Así se puede describir las iniciativas políticas que tuvieron los gobiernos de la Concertación. El carácter meramente declarativo de estas iniciativas fue cuestionado por gran parte del movimiento de derechos humanos, que vio en ellas una intención de lograr un cierre no conflictivo al período más oscuro de la historia chilena. La primera llegó en 1990 con el gobierno de Patricio Aylwin. Se creó la Comisión Re-ttig que se ocupó de recopilar información sobre las muertes y los desaparecidos –aunque no las torturas– durante la dictadura. Poco después de que las conclusiones de la Comisión Rettig se hicieran públicas, Aylwin ordenó que se investigaran a fondo los delitos y recién después se aplicara la amnistía, lo que se conoció como la Doctrina Aylwin. Antes, ni siquiera se investigaban las denuncias. Nueve años más tarde, militares, abogados de derechos humanos y personalidades de la sociedad civil se sentaron por primera vez a conversar sobre lo ocurrido durante la dictadura, constituyendo la Mesa del Diálogo. Y en 2003, el gobierno de Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para examinar los casos de tortura durante el reinado de Pinochet. La comisión, encabezada por el obispo Sergio Valech, corroboró cerca de 35 mil casos de tortura, incluyendo tormentos a 87 niños menores de 12 años. La conclusión principal del informe fue que la tortura fue una práctica institucional de las fuerzas armadas y la policía durante la dictadura.