La renuncia de Nicolás Caputo, el empresario amigo íntimo de Mauricio Macri y contratista del estado porteño, como asesor del jefe de Gobierno, no despejó las dudas que en la Legislatura genera la superpoblación de gerentes y accionistas en el gabinete de la ciudad. Un proyecto presentado ayer por los diputados Gabriela Cerruti y Pablo Failde, del Frente para la Victoria, propone la sanción de una “ley de ética pública”, que establezca incompatibilidades entre los cargos de ministros y la actividad gerencial en empresas contratistas de la ciudad. Propone además restricciones a quienes hayan sido directivos de esas compañías para tomar resoluciones que involucren los intereses de esas empresas.

“Es un grupo empresario el que está en el poder”, advirtió Cerruti, que armó un equipo de investigadores dedicado exclusivamente a revisar la nómina de accionistas de empresas contratistas del estado porteño. La lupa está puesta en algunos ministros, los colaboradores de mayor confianza de Macri, quienes provienen de la actividad privada.

- El ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, fue director titular de IECSA, una empresa constructora del grupo Macri. IECSA se asoció en noviembre con la italiana Ghella, la empresa que ganó la licitación para construir dos canales aliviadores en el arroyo Maldonado. La oferta fue de 150 millones de dólares, muy inferior a la presentada por las competidoras, que cotizaron 210 y 280 millones. Tras la última inundación, Macri anunció que la obra costaría 200 millones de pesos. Quien debería firmar los ajustes por mayores costos del presupuesto inicial es el ministro de Hacienda, ex directivo de la empresa. El grupo Macri se desprendió de IECSA, pero todo quedó en familia: la empresa quedó en manos de Fabio y Angelo Calcaterra, primos de Mauricio Macri.

- Otro caso planteado por Cerruti es el del secretario Legal y Técnico del gobierno porteño, Pablo Clousellas, quien también ocupó cargos directivos en IECSA, pero también en Manliba. Lo que llamó la atención del equipo de investigación fue que Clousellas mantiene vínculos con once empresas. Si bien no son contratistas del Estado, siete de ellas son de reciente creación.

- El ministro de Cultura, Hernán Lombardi, empresario turístico, quien además es presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, no pertenece ni perteneció al grupo Macri. Pero fue contratado por un grupo español como promotor del hotel gay que se inauguró a fines del año pasado en el barrio de San Telmo.

- El recientemente renunciado presidente de AUSA, Enrique Huergo, fue presidente de la empresa española Dycasa, una constructora que se especializa en la construcción de autopistas, pero que además, en la ciudad, es la encargada de obras importantísimas como la construcción de la Línea H de subtes, el Master Plan del Teatro Colón y la remodelación del Hospital Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. Huergo renunció hace dos semanas por razones personales o por diferencias con el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Pero algunas fuentes hacen referencia a una causa judicial contra Dycasa por la construcción de cárceles federales. “Macri designó como presidente de AUSA al responsable de la empresa que atrasó la ejecución de las reformas en el Teatro Colón”, denunció Cerruti.

Nicolás Caputo renunció a su cargo de asesor después de que este diario revelara que su empresa era contratista de varias obras públicas en la Ciudad.

La ciudad carece de una Ley de Etica Pública –como sí existe a nivel nacional– que establezca normas de comportamiento para los funcionarios. Sólo la Constitución de la ciudad establece incompatibilidades para el jefe de Gobierno y los legisladores, pero nada dice acerca de los ministros. “En Francia o Alemania se han generado escándalos por la presencia en un gabinete del directivo de una empresa contratista del estado. Acá tenemos a casi todo el gabinete”, advirtió Cerruti.

La legisladora, junto a su compañero de bancada Pablo Failde, presentó ayer un proyecto de ley de “Promoción de la transparencia en el ejercicio de la función pública”. La norma establece “un conjunto de deberes, prohibiciones, incompatibilidades aplicables sin excepción” a funcionarios públicos. Establece que quien ejerza funciones públicas “no podrá dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicio alguno, remunerado o no, ni ser socio o tener participación en la propiedad de empresas que tengan concesión, licencia o permiso o sea proveedor del Estado”.

También dispone que aquellos funcionarios que hayan ocupado cargos jerárquicos o hayan sido accionistas de empresas contratistas del Estado “deberán abstenerse de tomar decisiones que involucren a esas empresas, por el lapso de tres años”. El proyecto ingresó en la Junta de Etica de la Legislatura.