La práctica de la justicia que deben proteger las leyes siempre ha sido un tema espinoso y, en consecuencia, controvertido. No puede ser de otra manera cuando allí se juegan los más variados y contrapuestos intereses que se entretejen en la sociedad. Esta necesita de un cierto orden, de determinadas normas y leyes que sean conocidas por sus habitantes. Sin ellas la vida sería imposible.

Es por ello que el tema fue abordado por los filósofos desde sus inicios. De la justicia ya habla Anaximandro, pero es desde Platón y Aristóteles que poseemos elaboraciones plenamente desarrolladas. El tema es central tanto en la República de Platón como en la Etica nicomaquea de Aristóteles. Son las leyes las que deben asegurar la práctica de la justicia en una sociedad.

Pero las leyes son universales, estáticas, abstractas, por lo cual requieren un correctivo para múltiples casos. Es lo que tiene en cuenta Aristóteles cuando formula su teoría de la epiqueya o equidad. El diccionario la define como “interpretación prudente y equitativa de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona”. Ello significa que, de acuerdo con ciertas variaciones de las circunstancias, debe variar también su aplicación.

Aristóteles nos aclara al respecto que “cuando la ley hablare en general y sucediere algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos absolutos”, de tal manera que la epiqueya se constituye en “una rectificación de la ley en la parte en que ésta es deficiente por su carácter general”.

No se trata de negar la ley, sino de hacerla efectiva, es decir, de hacer que cumpla su verdadera finalidad, que no es otra que la práctica de la justicia. La ley tiene todo el aspecto de lo inmutable, lo eterno, lo separado de todo el contexto económico, político, social. Parece no tener historia. En realidad, dice Aristóteles que la ley debe ser “como la regla de plomo usada en la arquitectura de Lesbos, regla que se acomoda a la forma de la piedra y no permanece la misma”.

La práctica ciega de la ley puede llevar a lo peor como señala Aristóteles, pues es equitativo el que “no extrema su justicia hasta lo peor, antes bien amengua su pretensión, por más que tenga la ley a su favor”.

La Corte Suprema de Justicia extremó su justicia hasta lo peor al aplicar al caso Patti la fría formulación de una ley, sin tener en cuenta ningún tipo de circunstancia, aunque éstas sean atroces como es el caso de admitir en el recinto legislativo a un sujeto con gravísimas denuncias de crímenes de lesa humanidad. Aunque a esas denuncias les falte todavía el proceso judicial que termine con la debida condena, a nadie se le escapa, y a la Corte menos que menos, que tienen un sólido fundamento.

Como si los miembros de la Corte estuviesen en la cima del Olimpo de los dioses dictaminan que dado que Patti ha conseguido los votos necesarios para ocupar una banca en la Legislatura sin violar ninguna ley en el proceso electoral, tiene todo el derecho a ocupar esa banca. A quienes nos oponemos se nos argumenta que su inhabilidad para ocupar una banca debió denunciarse antes del proceso electoral.

El razonamiento es correcto, pero en el Olimpo, no aquí, en la sociedad que viene de la negra noche de la dictadura genocida; de la sociedad en la que todos los procesos judiciales han sido trabados, cajoneados, “perdidos”; en la que la impunidad fue sustentada por leyes de punto final, obediencia debida e indultos.

* Filósofo, profesor e investigador de la UBA.