El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla se negó a declarar ayer ante el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso su detención por casi novecientos secuestros, torturas y desapariciones de personas, hechos ocurridos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura. El magistrado pretendía indagar al teniente general retirado sobre delitos que no formaron parte del histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985, por los cuales nunca antes se lo había citado. Videla se limitó a admitir que se consideraba responsable de los delitos cometidos por sus subordinados, pero que desconocía la jurisdicción de la Justicia Federal y que pretendía ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

La citación de ayer al militar permitirá al Estado argentino cumplir con su obligación asumida internacionalmente de juzgar los crímenes de lesa humanidad en su propio territorio y, al mismo tiempo, rechazar los pedidos de extradición que pesan sobre Videla.

Rafecas citó al dictador para dar explicaciones sobre 570 secuestros, 270 tormentos y 29 homicidios. Ese universo de casos abarca el circuito de centros clandestinos Club Atlético-Banco-Olimpo, y los centros de detención El Vesubio y Automotores Orletti, todos comprendidos bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército. El juez ya procesó a autores directos de los delitos, a jefes de centros clandestinos y a varios de los mandos militares responsables por su lugar en la cadena de mandos, pero hasta ayer no había avanzado contra el máximo jefe del Ejército.

Videla fue trasladado a primera hora de la mañana desde su departamento en la avenida Cabildo al 600 hasta el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py. Durante dos horas, el dictador escuchó la lectura de los delitos que se le imputan. Luego se limitó a decir que admitía su responsabilidad sobre las acciones de los militares bajo su mando, que desconocía la jurisdicción de la Justicia civil, que sólo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas podía juzgarlo, y se negó a declarar.

Rafecas le informó de inmediato que ordenaba su detención por todos los delitos que le imputaba, medida que no modificará la cotidianidad del dictador de 82 años que, desde 1998, cumple prisión preventiva domiciliaria. El presidente de la primera Junta Militar está procesado por el plan sistemático de robo de bebés y por los crímenes perpetrados en el marco del Plan Cóndor.

La indagatoria de ayer cancela la posibilidad de que Videla sea juzgado en países que habían solicitado su extradición. El pedido más antiguo lo formuló el Estado de Alemania, querellante en la causa que investiga la desaparición de la ciudadana alemana Elizabeth Kasemann, quien estuvo cautiva en El Vesubio. La Comunidad Gallega también había pedido la extradición del militar a Rafecas, para juzgarlo por la desaparición en la Argentina de miembros de su colectividad. En diciembre, a pedido del fiscal Giancarlo Capaldo, la jueza romana Luissana Figliola también libró orden de captura contra Videla, entre otros represores del Cono Sur, para juzgarlo por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Con el trámite de ayer, la Cancillería argentina podrá responder a los tres países que Videla será juzgado aquí, y clausurar definitivamente sus reclamos de extradición.

Desde el juzgado de Rafecas se informó que la medida constituye “un paso indispensable previo a la inminente elevación a juicio de las tres megacausas que tramita el magistrado”, en referencia a Atlético-Banco-Olimpo, Vesubio y Automotores Orletti. Hasta el momento la única causa elevada por Rafecas que tiene fecha de juicio es la Masacre de Fátima: el martes próximo, en el Tribunal Oral Federal 5, comenzarán a ser juzgados los oficiales de la Policía Federal Juan Carlos Lapuyole, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi. El juez también instruyó y elevó a juicio las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los ’80 y liberados por las leyes de impunidad alfonsinistas, los delitos cometidos por el comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, y los jefes de áreas militares que ejecutaban sus órdenes. Todas esperan turno en el abarrotado TOF-5.