La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y directivos de entidades empresarias de medios de comunicación coincidieron ayer en la necesidad de sancionar una ley de radiodifusión que garantice la pluralidad de ideas y el derecho a información de la sociedad. Antes del encuentro en el despacho presidencial, que duró casi una hora, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (Adepa), que reúne a los propietarios de los principales medios del país, planteó en un documento su rechazo a la regulación de contenidos y solicitó que la nueva ley respete “la diversidad que se expresa en los derechos y la inversión de aquellos licenciatarios legales que brindan servicios de radiodifusión”. Durante la reunión se trató la necesidad de contemplar la realidad de los medios chicos y del interior, para colaborar con las pymes en el proceso de actualización tecnológica.

Además de la Presidenta participaron del encuentro el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el secretario de Medios, Enrique Albistur; y el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Por el lado empresario, además de Adepa, asistieron representantes de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), de las asociaciones de Diarios del Interior (Adira), de Radiodifusoras Privadas (ARPA), de Televisión por Cable (ATVC) y la Asociación Teledifusoras Argentinas (ATA), entre otras.

La Secretaría de Medios señaló luego del encuentro que “se hizo especial hincapié en que la nueva ley garantice la pluralidad de opiniones y de medios, asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los argentinos”. Su titular, Enrique Albistur, destacó que “es paradójico que la ley vigente para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión sea una ley de la dictadura”.

En el documento que el titular de Adepa, Lauro Laíño, le entregó a la Presidenta, la entidad patronal planteó su rechazo a la regulación de contenidos y equiparó pluralidad con democracia. Adepa pidió que la nueva ley “no se vea reñida con las garantías constitucionales y las tradiciones más profundas de nuestra sociedad en relación con el valor estratégico de la libertad de prensa”. Denunció “un exceso de cargas fiscales y parafiscales”, solicitó “un efectivo control de las emisiones irregulares de radio y televisión” y exigió “pautas y procedimientos objetivos” en la distribución de publicidad oficial.

Laíño calificó al encuentro como “positivo”, explicó que “todas las entidades involucradas pudieron expresar sus puntos de vista en defensa no sólo de sus intereses sino también de los intereses de la sociedad” y añadió que “no se habló de plazos para presentar el nuevo proyecto de ley, ni tampoco de contenidos”. Daniel Ripoll, titular de la Cemci, destacó que “propusimos todos los temas de la problemática de medios ante la convergencia tecnológica, sus nuevas identidades y las perspectivas de subsistencia de los medios gráficos, que ya no participan por igual en el mercado como hacedores de contenidos”. Agregó que el 80 por ciento de los 800 socios de Cemci son pymes y micropymes, con diferentes realidades y proporciones, que aseguran la pluralidad de opiniones. La Presidenta “tiene muy en claro la problemática del tema medios”, concluyó.