Rodolfo Almirón será sometido a una junta médica, ordenada por la Justicia argentina para establecer si es incapaz. Del equipo médico participarán peritos forenses y tres representantes de la querella y de sus abogados de parte, según lo dispuso ayer el juzgado de Norberto Oyarbide. La decisión que es el avance más importante de la causa de la Triple A en los últimos días abre el camino para saber si el integrante de la organización parapolicial es capaz clínicamente de ser indagado y sometido a un proceso judicial o debe ser internado en una institución alternativa como el represor Emilio Massera.

Almirón llegó de España el último 19 de marzo extraditado por la misma Audiencia Nacional que ayer rechazó ese camino para la ex presidenta María Estela Martínez de Perón en el marco de la misma causa. A partir de entonces, el juez Oyarbide intentó someterlo a una declaración indagatoria, pero sus abogados se lo impidieron porque exigen una evaluación previa de la Junta Médica para saber si es consciente de su criminalidad.

En ese contexto, los abogados de las víctimas pidieron autorización para presentar a sus peritos de parte en los exámenes. El juez aceptó ayer ese pedido y autorizó la presencia de un cardiólogo y dos psiquiatras que formarán parte de la Junta en representación de la asociación Justicia Ya!, integrante de la querella.

“Como van a evaluar si Almirón comprendía o no su criminalidad en el marco del artículo 34 del Código procesal, nosotros pedimos un perito que controle la evaluación”, precisó Liliana Mazeo abogada de la asociación.

El ex policía Almirón formó parte del corazón ejecutivo de la organización parapolicial creada por “El Brujo” José Lopez Rega mientras era ministro de Bienestar Social del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Según el expediente, era cabecilla de una cúpula integrada además por el ex policía Miguel Angel Rovira y el ex comisario Juan Ramón Morales. Los tres eran ejecutores de las órdenes de López Rega en un gobierno presidido por la viuda de Perón.

La Justicia pidió sus detenciones en diciembre de 2006, cuando Oyarbide reactivó la causa original de 1974 abierta por ocho asesinatos. Las víctimas son el diputado Rodolfo Ortega Peña, Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de Derecho de la UBA), el abogado Alfredo Curutchet, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi y Luis Latrónica. El expediente estuvo sin instrucción hasta que Oyarbide le dio el primer impulso declarando a los crímenes como delitos de lesa humanidad. Así, mientras España extraditaba a Almirón, la Cámara Federal confirmó luego la decisión de Oyarbide, indicando que como tales esos crímenes no prescriben.

Con Almirón, el juez pidió la detención de Rovira, Morales, Isabel Perón y Felipe Romeo que dirigía el órgano de difusión. De ellos, Almirón está a punto de comenzar un largo proceso de evaluación médica que irá a verlo a la cárcel de Marcos Paz donde está detenido. Rovira en cambio está con prisión domiciliaria. Morales está muerto y Romeo es el único prófugo. Isabel podía ser extraditada a la Argentina, pero la Justicia española ayer rechazó esa posibilidad. En su decisión la Audiencia Nacional entró en contradicción no solo con la posición de la primera instancia –como admite el fallo (ver aparte)– sino también con la posición de la Camara de Apelaciones que en principio dio por válida la participación de Isabel.

En aquella ocasión, de hecho, los jueces Cattani y Freiler incorporaron a la resolución la reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974, clave para entender la información que tenía la ex presidenta durante su gobierno. Según la investigación en esa reunión se proyectaron diapositivas de futuras víctimas, entre ellas de Troxler que murió poco después. Para la Justicia española la reunión no es prueba suficiente de la participación de Isabel en esta trama, para la argentina en cambio parece que sí. Los camaristas tampoco invocaron en aquel momento la ley de Alfonsin para juzgar a los crímenes pero los españoles sí.

Más allá de estos nombres, la investigación no generó nuevos responsables. La querella está pidiendo indagatorias para identificar a responsables especialmente del ámbito civil, pero los investigadores aseguran que aún no hay pruebas directas. Fuera de eso, el fiscal Eduardo Taiano que está a cargo de la instrucción analiza ahora el universo de nombres y de víctimas posibles para trazar los limites de la investigación en Buenos Aires y Capital Federal y derivar las otras causas.