Miguel Moratinos no hizo ningún planteo formal sobre la situación de los accionistas privados de Aerolíneas Argentinas, que, de todos modos, es motivo de contacto informal permanente entre los gobiernos de ambos países. La llegada del canciller español se hace en un momento clave para la suerte del grupo Marsans y de la supervivencia de la propia privatizada. Por estos días se discute qué participación accionaria conservará ese grupo privado en este negocio del que, según da a entender Ricardo Jaime por vía oficiosa, se iría retirando. Otro capítulo de esta partida se juega en los Tribunales españoles y locales, donde se investiga si el directorio de la compañía desvió los fondos que le entregó el Estado español hace seis años para sanear la empresa local.

El canciller español llegó en un momento de mucha tensión entre un sector del gobierno argentino y los operadores privados de Aerolíneas, en la que el Estado local tiene el 5 por ciento. La empresa se siente desairada porque no se mejoraron las condiciones, tal como prometió el Ministerio de Planificación, con más tarifas y subsidios, entre otras prerrogativas reclamadas. Transporte, a su vez, le enrostra a los accionistas que no invirtieron lo que prometieron, lo que pone a la línea en una situación operativa crítica. En este contexto, sobran rumores y desmentidas.

Uno es sobre una reunión en la que Jaime convocó ayer a los gremios del sector, exceptuando a los técnicos de APTA y a los pilotos de APLA, justamente los más amigos de la “argentinización” y críticos de la gestión privada de Aerolíneas, aunque con una diferencia: el primero tiene buena relación con el secretario de Transporte; el segundo no.

UALA, el sindicato que nuclea a los pilotos de Austral (íntegramente en manos de Marsans), se distingue de APLA porque es mucho más afín a los criterios patronales. Diego Serra, unos de sus dirigentes, asegura que nunca recibió ninguna invitación de Transporte. Y añade que jamás se hubiera sumado a un cónclave si éste tenía por propósito escuchar “de ese modo poco serio” qué accionistas privados podrían ingresar en detrimento de Marsans.

El funcionario, finalmente, habría comentado ayer a las organizaciones de azafatas, técnicos de vuelo y personal de tierra sobre la intención de propiciar desde el Gobierno esa operación, aunque sin precisar quiénes podrían sustituir aunque sea parcialmente a Marsans.

El clima también está enrarecido por otras cuestiones más urticantes que los intereses jugados tras la eventual nacionalización. En el Juzgado de Instrucción Penal de Alberto Baños existe una demanda contra el directorio de Aerolíneas Argentinas porque Air Comet –empresa del grupo Marsans, con la que participó en el concurso de acreedores– utilizó para subrogar a su favor los créditos que debía cancelar con 300 millones de euros que le dio el Estado español cuando la SEPI le cedió la compañía, en 2001. Entonces AA estaba bajo la presidencia de Antonio Mata, ahora fuera de la gestión.

Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, los españoles que comandan hoy Aerolíneas, integraron desde el 17 de octubre de aquel año el directorio, por lo que le cabría responsabilidad en ese desvío, del que el Ministerio de Planificación también dio cuenta ante la Justicia comercial. Sin embargo, el departamento jurídico de Julio De Vido no promovió ningún trámite penal ni hizo nada para activar el de Baños.

El juez llamó a indagatoria para el 22 de marzo pasado a algunos representantes del directorio, Alberto Lúpori –director que ya no está en la empresa–, entre ellos. Pero el proceso se dilató porque los abogados de Marsans reclamaron la prescripción: ya se habrían cumplido seis años de la maniobra de administración fraudulenta de la que fue acusado el directorio íntegro en aquel momento.

Las mismas cuestiones, incluidas irregularidades en el concurso de acreedores, las analiza la jueza Gemma Gallego en el juzgado 35 de Madrid, que recibió profusa información desde Buenos Aires vía diplomática. Imposible que el canciller español ignore el tema, aunque no lo incluya en su agenda formal.