El Congreso se convertirá mañana en un escenario privilegiado del conflicto entre el Gobierno y las entidades agrarias. Por la mañana, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados empezará a debatir una agenda parlamentaria que incluye una docena de proyectos oficialistas y opositores. El kirchnerismo impulsa la creación del Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (Enpyccaa) para “garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos a precios razonables para toda la población”. La oposición, en tanto, propone una serie de iniciativas que tiene como ejes “retenciones y compensaciones diferenciales, una nueva ley de arrendamiento y la recuperación de las desmanteladas juntas nacionales de granos y carnes”. Por la tarde y en el Salón Azul del Senado, los bloques de la Coalición Cívica, la UCR y el PS convocaron a una “audiencia pública para discutir el problema del campo”, junto a dirigentes de las organizaciones ruralistas –SR, CRA, Coninagro y la FAA– que encabezan el lockout agropecuario.

–¿Qué proyectos ponemos? –preguntó el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, el cordobés Alberto Cantero Guitérrez, tras un acalorada discusión en el seno del bloque kirchnerista de Diputados, en un plenario a puertas cerradas, el miércoles pasado.

–Poné todos –la respuesta del jefe de la bancada, Agustín Rossi, sofocó el incipiente debate interno y fue la señal para abrir el frente parlamentario en el conflicto entre el Gobierno y los ruralistas.

La estrategia oficialista buscará imponer sus propias “prioridades” en el extenso temario. El kirchnerismo va a privilegiar los proyectos estructurales –aun los opositores–, como los que promueven la nueva ley de arrendamiento rural y la recuperación de la junta nacional de granos. Pero pondrá freno a los coyunturales, que impulsan “retenciones segmentadas” y un sistema de “compensaciones diferenciales” para productores chicos. “Estamos dispuestos a dar debate con todos, pero no vamos a convocar a las entidades hasta que no levanten el paro”, dijo Rossi a sus diputados, para marcar la cancha en el comienzo del debate.

La Comisión de Agricultura abrirá el plenario del martes con un proyecto de resolución del kirchnerismo que convoca a un debate para consensuar una política agropecuaria de largo aliento, en consonancia con la propuesta “estratégica” de la Presidenta en el llamado “Acuerdo del Bicentenario”. La convocatoria incluye a los productores agropecuarios y trabajadores rurales; la agroindustria, las industrias alimentarias y de insumos agropecuarios; organismos públicos (como el INTA, INTI y Senasa), el comercio agroalimentario y las organizaciones de consumidores.

Allí, Cantero Gutiérrez volcó los mismos fundamentos que esgrimió en su proyecto para la creación del Enpyccaa: “la promoción de una producción agropecuaria sustentable” y la “seguridad alimentaria” con una “fuerte presencia estatal”.

La creación del superente será la prioridad del kirchnerismo en el Parlamento. El Enpyccaa será una entidad económicamente autárquica que dependerá de la Secretaria de Agricultura, con “el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población y asegurar la libre concurrencia y competencia en materia de producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos”. Entre sus atribuciones estarán el “seguimiento y apoyo a las cadenas agrolimentarias y su régimen de infracciones, sanciones y procedimientos” (ver aparte).

Una política integral

Con el impulso de bancadas del ARI Autónomo, el socialismo y el economista de la CTA Claudio Lozano, el llamado “compromiso parlamentario” también logró fijar una agenda con una docena de proyectos que proponen “resolver los problemas de los pequeños y medianos productores del campo”. La mayoría de ellos diseñados por los técnicos de la Federación Agraria Argentina (FAA). También rubricaron el “compromiso” los kirchneristas Edgardo Depetri, Victoria Donda, Cecilia Merchán y el socialista K Ariel Basteiro, además de la “lilita” Claudia Gil Lozano, los radicales Silvina Giúdici y Miguel Giubergia, el entrerriano Emilio Martínez Garbino y la cordobesa Norma Morandini.

“La gravedad del conflicto agropecuario emergente como reacción frente a la decisión del gobierno nacional de incrementar la retención a la soja” y “la ausencia de una política agropecuaria integral que atienda la vulnerabilidad que atraviesan los pequeños y medianos productores agropecuarios”, fundamentó la iniciativa. El oficialismo votó la “prioridad” para el tratamiento a la docena de proyectos opositores, pero dejará que el Gobierno avance más rápido que el Congreso en resolver la problemática de las “retenciones segmentadas, las compensaciones diferenciales y las estrategias sectoriales para un plan ganadero, la lechería y otros tipos de producciones marginales.

En cambio, daría vía libre al debate sobre una nueva de ley de arrendamiento, que busca ponerle freno a los pools de siembra. El proyecto presentado por el arista disidente Eduardo Macaluse y plasmado por los técnicos de la FAA en un centenar de artículos propone reemplazar la ley de Contratos Agrarios de 1948 y que “vació de contendido la dictadura militar con la reforma que José Alfredo Martínez de Hoz introdujo en 1980”. Al amparo de cuya legislación creció la concentración de la tenencia de la tierra, mediante arrendamientos utilizados por fondos de inversión, fideicomisos, sociedades anónimas y pooles de siembra.

El proyecto busca “favorecer a la agricultura familiar y a los productores agropecuarios profesionales y estables; establecer condiciones de estabilidad en la producción y equidad en las relaciones contractuales; y facilitar la reinstalación de productores excluidos, pequeños propietarios rurales, jóvenes productores y profesionales”. El bloque opositor también insistirá en el proyecto que pone límites a “la extranjerización de la tierra”.

En tanto, el sector opositor más duro volverá a mostrarse junto al conjunto de dirigentes de la “mesa de enlace” que dirige el lockout agrario. Legisladores radicales, la Coalición Cívica y el socialismo convocaron a una “audiencia pública” en el Senado para “generar un espacio de debate amplio, plural y sincero que impulse propuestas legislativas en materia agropecuaria”. El temario del debate “público” tendrá como eje las retenciones a las exportaciones de granos, aunque también sumará la “promoción de carnes y lácteos, trigo y granos, para definir en conjunto una política agropecuaria de mediano y largo plazo”.

Lilitos y boinas blancas trazaron para el encuentro una estrategia común. Dejaron afuera de la convocatoria formal a los representantes del PRO para “no espantar” a los socialistas, que seguirán militando en los dos frentes. Aunque varios diputados macristas ya anticiparon que serán de la partida en el Senado. Son pocos los legisladores opositores que se perderían una foto con los “productores agropecuarios” en medio del conflicto más grave que afronta el kirchnerismo en cinco años de gobierno.