A pocas horas de que se cumplan cuatro años de la tragedia de Río Turbio, la Justicia federal de Río Gallegos procesó a tres ex funcionarios de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y sobreseyó a tres obreros en la causa que investiga el incendio que en junio de 2004 causó la muerte a 14 mineros. En un fallo elogiado por la querella, el juez federal Gerardo Caamaño procesó sin prisión preventiva a Fermín Garnica, jefe de seguridad del turno en que ocurrieron los hechos, por considerarlo “coautor penalmente responsable de homicidio culposo”.

El incendio en la Mina 5 del yacimiento ocurrió el 14 de junio de 2004, cerca de las 22.30 y a poco de ingresar el tercer turno de trabajadores, en una de las galerías principales. Algunos hombres pudieron escapar, pero catorce de ellos quedaron atrapados en la montaña, donde la acumulación de gases tóxicos y un derrumbe les provocaron la muerte.

El juez Camaño también procesó como “coautores penalmente responsables del delito de estrago culposo” a Esteban Loncaric, interventor en ese momento del Yacimiento, y a Eduardo Shabner, jefe de seguridad de la mina. En cambio, en el mismo fallo, sobreseyó a los mineros Gregorio Daniel Tolosa, Ramón Ricardo Pazos y Tomás Rodríguez, quienes hasta esta nueva sentencia estaban procesados por homicidio culposo y habían sido los primeros en quedar imputados en la causa. “En realidad, se probó que los trabajadores sobreseídos eran víctimas de la falta de seguridad en la mina y que realmente ellos también podrían haber muerto”, dijo Bernardino Zaffrani, que representa a familiares de las víctimas.

El abogado querellante opinó que el fallo representa “un gran avance” para la causa y destacó que quedó “probado que las responsabilidades estaban más arriba y no en los mineros, que fueron sobrevivientes de la tragedia”. En diálogo con PáginaI12, explicó que hay dos funcionarios de alto nivel que podrían ser acusados por sus “conductas homicidas”: los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Minería, Daniel Cameron, que entonces ocupaban las mismas carteras. “Antes de la tragedia habían anunciado que iban a invertir 34 millones, pero luego cuando en la causa se les pidió información pericial no la mandaron nunca, al igual que la AGN (Auditoría General de la Nación), y eso retrasó mucho el caso”, precisó Zaffrani. Según su enfoque, el juez debió procesarlos por desobediencia, dado que habrían incumplido una orden judicial. El letrado adelantó que ahora trabaja para agregar a la carátula del expediente la figura de estrago doloso, que es más grave. Si no lo logra en su apelación ante la Cámara, los acusados no sólo evitarán la cárcel, sino que pueden pedir la probation en lugar de ir a juicio oral. “Estamos aprendiendo de lo de Cromañón, debieron prefigurarse que con esa forma de trabajo podía pasar una tragedia, no había ningún elemento de seguridad ni preparación del personal para emergencias”, completó.

El entonces presidente Néstor Kirchner había viajado a Río Turbio para acompañar a los familiares en los funerales de los mineros fallecidos. Poco después, removió a la cúpula de la empresa y nombró interventor al entonces diputado provincial y actual gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Desde ese momento, los sueldos de los mineros se incrementaron en forma considerable y la seguridad mejoró en algunos aspectos: ahora cuentan con un equipo portátil de oxígeno.