Desde Medellín

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó su informe anual en Medellín durante el reciente XXXVIII período ordinario de sesiones de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). El informe se presentó en un clima de inusual discreción y silencio, y sin anunciarse en la programación oficial de la Asamblea. A través de un mail, en vez de conferencia de prensa, la Comisión hizo llegar a los medios los reportes que presentan la difícil situación actual de los derechos humanos en el continente y la “grave escasez de recursos” por la que ahora atraviesa la entidad.

En su capítulo de Colombia, la CIDH reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado colombiano para la pacificación del país con el actual proceso de desmovilización de grupos paramilitares, enmarcado en la Ley de Justicia y Paz. Pero resalta que el conflicto armado continúa golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil.

El informe señala que en Justicia y Paz “el 90 por ciento de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil personas) no aportaron datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por los bloques paramilitares a los que pertenecían”, lo que viola el compromiso inicial para la obtención de beneficios jurídicos y estanca los propósitos de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra.

Aunque se destacan los pocos recursos y la situación de inseguridad en que se encuentran los fiscales colombianos en la investigación de crímenes (pues aún operan grupos paramilitares en el país y algunos ex combatientes se rearmaron en la nueva organización de ultraderecha colombiana, las Aguilas Negras), la CIDH pone particular atención en las víctimas. Según el organismo, éstas enfrentan una serie de obstáculos para participar en el proceso, en las que están “la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de la versión libre (...) este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos”.

Para completar, las víctimas siguen “recibiendo amenazas y siendo blanco de actos de violencia e intimidación y control del territorio”. Ciudadanos que acudían a las versiones libres (sesiones donde los paramilitares narraban sus crímenes) o lideraban grupos a favor de las víctimas fueron asesinados y desaparecidos. Yolanda Izquierdo fue abaleada en enero de 2007, en Montería (Norte del país), mientras que Judith Vergara fue acribillada dentro de un bus intraurbano tres meses después. La CIDH “expresó repudio respecto de la muerte de Judith Vergara (...) quien era parte de varias organizaciones para la paz y el desarrollo social y había dado seguimiento a las diligencias de versiones libres llevadas a cabo en Medellín en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”.

En esta ciudad, las denuncias de estos hechos se quedaron en el bajo perfil incluso, o especialmente, durante el encuentro de cancilleres, diplomáticos y políticos de los Estados americanos, aun cuando el evento se dio en recintos de convenciones rodeados por las calles y las montañas que la Comisión señala de territorio donde se violan los derechos humanos. Fuera de Colombia, el informe de la CIDH presta especial atención a Cuba y describe “una situación permanente de violación de los derechos fundamentales”. En Haití, la preocupación se da por “las deficiencias en la administración de justicia y una grave falta de acceso de la población a servicios sociales básicos”. Y respecto de Venezuela “se analizan aspectos relativos al ambiente hostil para el disenso político y la criminalización de la protesta social, entre otros temas”.

Sobre el trabajo institucional, la Comisión se enorgulleció de que 2007 fuera el año en que se recibieron el mayor número de denuncias (1456) en su historia, desde 1959, cuando se creó. “Estos números reflejan la creciente legitimidad y credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos”, dijo en Medellín el presidente de la Comisión, Paolo Carozza, lo que contrasta con la crítica situación de presupuesto con que cuenta la CIDH. “La Comisión simplemente no puede seguir respondiendo a las crecientes exigencias de que es objeto sin una acción decidida de los Estados miembro para abordar esta grave escasez de recursos”, afirmó Carozza.