Desde hoy, el Consejo de la Magistratura tendrá quien lo mire con ojo crítico. Un grupo de juristas preocupados porque nadie controla los concursos de jueces ni los procesos de acusación acaba de fundar el Observario del Poder Judicial (Observa), una organización no gubernamental que se propone llenar ese vacío e involucrar a la sociedad en el reto. Parten de un diagnóstico inquietante que resumen así: “No está garantizada la transparencia ni la independencia en la selección de magistrados”, “los plazos para cubrir vacantes se violan sistemáticamente” y “llama la atención la ausencia casi total de acusaciones y sanciones disciplinarias en los últimos tiempos”.

El Observatorio se lanzará con un plan de trabajo que aspira a seguir de cerca qué ocurre en el Consejo de la Magistratura y extender su actividad a los consejos provinciales. El elenco fundador está integrado por el ex consejero y actual titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires Beinusz Szmukler, el ex camarista penal y primer titular de la Oficina Anticorrupción José Massoni, el ex juez y presidente honorario del Instituto Nacional para el Desarrollo Económico (Iade) Salvador María Lozada, el embajador Miguel Angel Espeche Gil, la especialista en monitoreo del Poder Judicial desde ONG María Julia Pérez Tort y el director de Le Monde Diplomatique, Carlos Gabetta.

“El Consejo de la Magistratura se creó para transparentar la designación de jueces y los procesos de remoción, y esto no termina de ocurrir”, dice Szmukler en diálogo con PáginaI12, quien presidirá el Observatorio. “Toda la actividad judicial, excepto la que compromete a las investigaciones, es pública. Pero se sigue creyendo en el secreto de los actos de poder. La ciudadanía no usa las herramientas de transparencia y queremos estimular que esto suceda”, agrega Massoni.

Según Szmukler los problemas del Consejo se remontan a su creación, en 1998, pero advierte “un retroceso” desde que fue reducido de veinte a trece miembros. “Nos preocupa la limitación de ciertas garantías que hacen a la transparencia. Antes de la reforma, los jurados no podían pertenecer al mismo fuero del que viene el postulande ni a la cámara para la que aspira. Ahora es moneda corriente. Es el efecto de la famosa familia judicial”, ironiza Lozada. El cuerpo de consejeros está debatiendo una modificación de la selección, propuesta por la kirchnerista Diana Conti, pero en el Observatorio creen que, de aprobarse, podría empeorar el escenario: “Se pretende eliminar el anonimato de los exámenes. El jurado y los consejeros van a saber a quién le están corrigiendo la prueba de oposición”, añade Lozada.

La otra faceta polémica de los concursos es que “demoran tanto que sigue habiendo cerca de 200 juzgados vacantes”, dice Szmukler. Por ley el procedimiento no puede durar más de 90 días hábiles después de la prueba escrita, con una prórroga de dos meses. En promedio, la duración real va de un año y medio a dos. El siguiente embudo se produce en el Poder Ejecutivo, que debe elegir un nombre.

Pérez Tort dice que desde que se achicó el Consejo “se convrtió en un ente burocrático”.

–¿El Consejo funciona bajo presiones políticas?

–Lo que se advierten son pactos permanentes y reparto de cargos –respondió Szmukler.

Para Massoni, autor del libro La Justicia y sus secretos, “la Justicia desde la colonia hasta la fecha ha estado al servicio del poder real, que no siempre es el político, sino también económico”. “Por una cuestión de inercia ideológica, exceptuando a la Corte Suprema, la corporación judicial está al servicio del poder real, hoy más cerca de los intereses económicos que políticos.”