El lugar común que políticos, dirigentes de piquetes rurales y analistas mediáticos de títulos de diarios han de repetir hasta el cansancio es por qué no lo hizo antes. Por qué, cuando comenzó la protesta, el Gobierno no envió para su tratamiento en el Congreso la resolución de las controvertidas y necesarias retenciones móviles para la soja, el trigo, girasol y maíz. De esa forma, con esa lógica simplista que anula la esencia de los contenidos y de los procesos políticos, han de afirmar con suficiencia que el país se habría ahorrado esta crisis. Pero ¿si ese sentido común, que sin dudas puede recibir aprobación inmediata por buena parte de los hipnotizados espectadores del lockout más violento de la historia nacional, no fuese así? Qué si se mostrara que, en realidad, el Congreso ya trató el tema de las retenciones. Que la oposición no consiguió los votos para derogarlas. ¿Dónde quedaría ubicado ese lugar común que ha empezado a mencionarse al minuto siguiente al cierre del discurso de Cristina Fernández de Kirchner?

Si así fuera, se derrumbarían los argumentos de institucionalidad de los dirigentes del sector del campo privilegiado por ser parte de la trama multinacional sojera. Se debilitarían los reclamos sobre la constitucionalidad de las retenciones. Se perdería la indudable fortaleza acumulada por un sector que ha encontrado un canal de manifestación política a partir de esa intervención del Estado en las fabulosas rentas agrarias. El contenido y el proceso político de esta revolución rentista tendría menos legitimidad. Por eso, para ansiosos analistas que todavía piensan que lo que hoy se discute son las retenciones, vale recordar que el Congreso ya debatió el tema en la Cámara de Diputados pocos días después del anuncio que desató esta tormenta. Como fue publicado el domingo en el suplemento Cash de este diario, ya se votó y no precisamente a favor de los intereses sojeros: Expediente 920-D-08. Proyecto de Ley. Retenciones al Agro. Derogación de las resoluciones M y P 125/08 y 141/08. Creación de una mesa de diálogo bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación. Fue una sesión sobre tablas del 27 de marzo pasada, bajo la presidencia de Eduardo Fellner, a la 1.27 de la madrugada, con un resultado de la votación nominal contundente: de los 257 diputados, estuvieron presentes 173, y 132 votaron en general por rechazar el proyecto que proponía eliminar el sistema de retenciones móviles implementado hacía apenas dieciséis días. Hubo 26 votos a favor y 13 abstenciones. O sea, que con más de dos tercios de los votos presentes, una Cámara del Congreso ratificó la vigencia, constitucionalidad y utilidad de las retenciones móviles.

Ahora volverán a ser debatidas luego de un agotador proceso donde se partieron aguas. Estos casi 100 días de lockout agropecuario explican por qué lo que antes pasó inadvertido adquiera en estos momentos de máxima tensión otro significado y también un resultado incierto. La intensidad de la presente puja política y su desenlace es el simple y contundente motivo que desafía al sentido común de por qué no se anunció antes y por qué las retenciones móviles serán debatidas nuevamente en el Congreso.