La decisión del Ejecutivo de enviar al Congreso las resoluciones que establecieron el mecanismo de retenciones móviles a las exportaciones sorprendió a las entidades rurales. Una hora después del discurso presidencial, desde la reunión de la Mesa de Enlace se dejaba trascender cierta satisfacción y la “sensación de triunfo” por la concesión del Gobierno, accediendo justamente a lo que las entidades habían solicitado pocos días atrás: el tratamiento legislativo del tema. Pero cuando habían pasado otras dos horas, y en conferencia de prensa, los cuatro presidentes de las organizadoras del lockout expresaron un abanico de trabas a la posibilidad de un acercamiento. “La actitud es valorable, pero nadie está dispuesto a irse a su casa a cambio de nada”, fue la síntesis de la posición esquiva de los ruralistas, en boca de Eduardo Buzzi, de Federación Agraria. La Mesa de Enlace ratificó la vigencia del cese de comercialización de productos agrícola-ganaderos hasta la medianoche de hoy y pasó a cuarto intermedio hasta esta tarde, a las 15, para definir cómo sigue. Antes de esa hora, reclama que los legisladores acepten su convocatoria a debatir.

Las idas y vueltas en la reacción de las organizaciones rurales tiene que ver con la distinta percepción entre ellas sobre la salida propuesta por el Gobierno. Sociedad Rural y Coninagro son las más proclives a recorrer cualquier camino de diálogo que les abra el Ejecutivo y ayer consideraron que el pase al Congreso del proyecto de ley de retenciones móviles generaba esa posibilidad. Pero Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales (CRA) están paradas en una posición más intransigente y dispuestas a no ceder desde la posición de confrontación si no consiguen resultados de antemano. Así quedó expresado ayer. Buzzi, incluso, se expresó en términos mucho más intransigentes que los planteados por Alfredo De Angeli (ver aparte) inmediatamente después del discurso de Cristina Kirchner.

Luego de una moderada intervención de Luciano Miguens (Sociedad Rural), que abrió la conferencia de prensa pasadas las 21 de anoche, Buzzi arrancó expresando lo que habían concedido las entidades, al cambiar “la expresión” (un lockout general) en los pueblos del interior al que iban a convocar para hoy al comercio, la industria y los servicios en general, por actos de “carácter ecuménico, de los distintos credos”, que tendrán lugar al atardecer de hoy. El cambio de actitud, relató Buzzi, se debió a una reflexión tras “la escalada” vivida el lunes, entre el llamado a un acto de apoyo al Gobierno de Luis D’Elía, de la FTV, y los cacerolazos posteriores en varias ciudades del país.

“Hay novedades que no se nos escapan”, dijo luego Buzzi, concediendo cierta importancia al anuncio gubernamental. Pero avisó que la respuesta se postergaba “hasta las 15 de mañana (por hoy), cuando evaluemos en la Comisión de Enlace cómo está la reacción en las bases”. Luego, a la par de Mario Llambías (CRA), le fueron agregando condimentos al condicionamiento para subirse al puente tendido por el Gobierno.

“El proyecto de ley que acaba de entrar al Congreso dice ratifíquese las resoluciones 125 y 141, que crean las retenciones móviles, y quisiéramos que se debata y no que se ratifique”, trabó Llambías el gesto de acercamiento del Gobierno. “Queremos discutir por qué siguen sin funcionar los mercados a término”, embarró aún más la cancha el titular de CRA, expresando una preocupación que sólo tienen los grandes sojeros. A estos planteos se sumó Buzzi no bien tuvo oportunidad de retomar la palabra. “Esperemos que el Congreso sea ámbito de discusión y no actúe como escribanía y certificación”, dijo denostando al mismo ámbito al que las entidades reclamaban recurrir hace dos semanas, lanzando incluso una juntada de firmas con ese objetivo.

“El anuncio del Gobierno no nos hace olvidar –recordó Llambías– los problemas de la lechería, el trigo, los cítricos, muchos cultivos regionales, las dificultades de los productores por la crisis energética, la falta de gasoil”, mencionó arrancando con una lista interminable que podría extenderse lo que fuera necesario para trabar cualquier esperanza de acuerdo. “Son muchos los sectores que no están mencionados en el proyecto de ley del Gobierno, ¿dónde está el ámbito para discutirlos?”, se quejó a su vez Buzzi, corroborando lo dicho por Llambías. “Queremos que se convoque en forma inmediata a una Mesa de Concertación para discutir políticas agrícolas de mediano y de largo plazo”, lanzó Llambías. “Nadie está dispuesto a irse a su casa a cambio de nada. Hay más institucionalización pasando el tema al Congreso. Ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Cuál es el tiempo para conversar con los legisladores antes de que voten?”, elevó las exigencias Buzzi. Miguens y Gioino acompañaban en silencio. Incómodos, podría decirse.

El titular de Federación Agraria tuvo una última definición corrigiendo dichos de De Angeli, respecto al “seguimiento a cada legislador”. “No creo que Alfredo vaya a echar a ningún legislador de su provincia, pero la idea es dar la discusión en cada lugar, con legisladores que muchas veces entraron por listas sábana y es necesario saber qué opinan”, dijo Buzzi, denostando otra vez la representación de aquellos cuya intervención hasta hace unos días se demandaba.

No es nuevo este tipo de cambio de actitud. Pasó con las retenciones, y el reclamo de que se coparticipen, que ahora plantean entidades como CRA. Hasta hace unos años, la misma entidad cuestionaba que “si se coparticipan no bajan nunca más, porque los gobernadores no van a aceptar resignar ingresos”. Cuando se trata de rentas extraordinarias, el interés inmediato manda.