La provincia de San Luis intenta poner presión sobre la Corte Suprema y apurar un pronunciamiento sobre las retenciones. Le pidió al tribunal que dicte una medida cautelar que suspenda parcialmente los efectos de la resolución que aumentó los derechos de exportación y fijó el criterio de movilidad. ¿Cómo sería? Depositando en una cuenta del Banco Nación la diferencia entre lo que la Aduana recauda por cada operación de envío de granos al exterior y lo que hubiera percibido con el nivel de retenciones vigente hasta el 10 de marzo. La presentación solicita además que, como primer paso, la Corte llame a una audiencia entre al gobierno puntano, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, y las cuatro entidades rurales que encabezan la protesta.

La semana pasada la Corte se declaró competente para estudiar la demanda de San Luis por las retenciones. Es el primer caso que admite el tribunal, aunque varios de sus miembros aclararon que un fallo podría demorar más de un año. Frente a este escenario, la provincia intentó poner a Sus Señorías en un aprieto y pidió una medida cautelar que, en teoría, debería ser resuelta con mayor celeridad. En el tribunal nadie descarta que el tema sea tratado hoy en el acuerdo habitual de los jueces.

El escrito, elaborado por el ex ministro y juez supremo del menemismo Rodolfo Barra, fue presentado ayer en la Corte antes del discurso de la presidenta Cristina Kirchner. De todos modos, el anuncio oficial sobre el traslado de la discusión al Congreso no cambia la esencia del reclamo. Por un lado, San Luis esgrime la inconstitucionalidad de la medida por no haber surgido del ámbito parlamentario sino de una resolución del Ministerio de Economía, la 125, que de hecho sigue vigente, como ayer aclaró el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Pero el eje de la denuncia argumenta la ilegalidad del régimen de derechos a la exportación de granos por considerar que afecta la coparticipación.

El gobierno de San Luis argumenta que las retenciones móviles impactan sobre la masa de impuestos coparticipables (como el impuesto a las Ganancias). Considera que “afectan la rentabilidad de la cadena de producción y/o comercialización” y “reducen la masa de impuestos coparticipables”. “Es una burla al sistema de coparticipación tributaria federal con base constitucional”, afirma el escrito de ayer.

En función de ese razonamiento, desde el primer día Rodríguez Saá reclama que la Justicia le devuelva la diferencia entre lo que se recauda por las exportaciones de granos con el régimen actual de retenciones y lo que hubiera percibido con el nivel que regía hasta que entró en vigencia la resolución 125. En eso se apoya el pedido de una medida cautelar: que esa diferencia se deposite en el Banco Nación hasta que la Corte resuelva qué hacer con ella, según considere que se haya cometido o no alguna ilegalidad desde el Poder Ejecutivo. El impulso de una medida urgente, agrega, apunta a “la necesidad de restaurar la paz social”.

La audiencia que promueve la provincia es para que los actores del conflicto expliquen “las circunstancias más profundas del problema”. Sería una “audiencia informativa”, a la que la Corte –si quiere– le podría dar carácter público. Además de los representantes del Gobierno, piden que se invite a los dirigentes del campo, a los que menciona uno por uno: Luciano Miguens (Sociedad Rural), Fernando Gioino (Coninagro), Mario Llambías (CRA) y Eduardo Buzzi (Federación Agraria).

Como ya explicó la jueza Carmen Argibay, la Corte tendrá que definir si las retenciones son impuestos. Hay antecedentes supremos que dicen que los impuestos que superan el 33 por ciento son confiscatorios. La jurisprudencia señala, además, que los debe fijar el Congreso y no el Ejecutivo. El Gobierno hizo ayer un primer gesto para remendar este asunto.