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La jueza María Romilda Servini de Cubría apunta al Banco Central. Por eso allanó sus oficinas en busca de documentación sobre movimientos de las reservas en dólares y registros de los principales bancos deudores, como parte de la investigación sobre la posible fuga de millones de dólares. “Estamos avanzando, el problema es que hay una maniobra para sacar la causa de mi juzgado”, dijo la magistrada a Página/12. El mismo tema está siendo investigado por el juez Norberto Oyarbide, quien ayer, concluidos unos 30 allanamientos que ordenó la semana pasada, prometió que un “equipo técnico intachable” analizará los datos recogidos. Además pidió la “colaboración” de empleados bancarios y de las empresas de caudales.
El tironeo entre Servini y Oyarbide comenzó a vislumbrarse la semana pasada. Fue cuando él comenzó a hacer un despliegue de operativos en bancos, empresas transportadoras de caudales y aeropuertos y no paró a pesar de que su colega se lo solicitó puesto que estaban investigando el mismo tema. Por ahora ninguno de los dos jueces pidió directamente la inhibición del otro y avanzan cada uno por su carril.
Una de las líneas que sigue Servini de Cubría, en función de la denuncia presentada el 31 de diciembre por las diputadas del ARI Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez, se orienta hacia los préstamos y las reservas del BCRA, entidad a la que las denunciantes señalan como posible cómplice en maniobras de fuga de capitales. La jueza hizo un allanamiento el viernes último en esa entidad, que hasta unos días antes dirigía Roque Maccarone, en busca de documentación que podría ayudar a determinar posibles connivencias y establecer la ruta del dinero de los ahorristas –previa y/o posterior al corralito– que los bancos ahora aseguran que no pueden devolver. En ese sentido, la jueza también pidió información a 17 entidades bancarias sobre depósitos, transferencias al exterior, compra y venta de billetes, títulos públicos, cartera de créditos, pago de importaciones y cobro de exportaciones, evolución de los préstamos y movimientos de reservas desde 1999 hasta hoy.
La presentación del ARI marcaba, entre sus hipótesis principales, que los bancos argentinos contaría con un “sistema financiero paralelo” a través del cual habrían buscado “una incitación a todos los clientes importantes tenedores de depósitos, a trasladar desde la cuentas declaradas en la banca argentina hacia cuentas en el extranjero, pertenecientes a la banca off shore (que puede ser el banco extranjero del que es corresponsal o un shell bank o banco cáscara que encubre al mismo dueño o grupo)”, lo que hace que el “grupo financiero” en realidad no pierda los depósitos ni se descapitalice. En la denuncia, se sostiene que esto podría explicar al menos el 50 por ciento de la corrida que llevó al colapso del sistema financiero. Sugiere, además, que nada de esto podía haber ocurrido sin la venia o la liberación de controles del BCRA y del propio Ministerio de Economía.
La pista que sigue Oyarbide se basa en dos denuncias –una del abogado Isaac Damsky y otra de Juan Carlos Iglesias– que indicaron que la prueba de la fuga estaría en que más de 350 camiones de caudales llevaron dinero al aeropuerto de Ezeiza entre el 20 y el 30 de noviembre, antes de que el Gobierno impusiera las restricciones bancarias. “Necesitamos la colaboración de empleados de entidades bancarias y de empresas de caudales”, exhortó ayer Oyarbide y prometió “resguardar las identidades” de quienes aporten información. En los próximos días, aseguró, terminará de definir a qué personas llama a declarar. Aunque, en teoría, las causas sobre el asunto deberían unificarse en el juzgado que recibió la primera denuncia (el de Servini) el de Jorge Urso, que el viernes recibió una nueva presentación del abogado Eduardo Guarna, se la enviaría a Oyarbide.