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Hace exactamente tres años que el entonces juez federal Adolfo Bagnasco firmó el primer procesamiento contra siete militares por su responsabilidad en el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Si se tratara de presos “comunes”, los acusados podrían estar en condiciones de recuperar su libertad –al menos hasta el juicio oral– ya que quienes pasan ese tiempo tras las rejas sin sentencia están autorizados por ley a salir del encierro. Pero como no se trata de simples reos, el juez Rodolfo Canicoba Corral ya rechazó un pedido de excarcelación que solicitó uno de los acusados y tendrá la misma posición en los futuros reclamos de este tipo.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre alertaron sobre la posibilidad de que los represores queden en libertad. “El transcurso de tres años con detención y sin sentencia pareciera autorizar la excarcelación de los imputados al cumplirse ese plazo pero la ley establece que ese beneficio no corresponde cuando se trata de delitos de especial gravedad y cuando existen presunciones de que sus autores puedan intentar burlar la acción de la justicia luego de su excarcelación”, afirmaron los dos organismos de derechos humanos.
Tanto Canicoba Corral como el fiscal Eduardo Freiler coincidieron con estas agrupaciones en que la gravedad del crimen de robo de niños no permite que los acusados puedan salir de su encierro, que por otro lado, en la mayoría de los casos, es domiciliario. El magistrado y el fiscal le negaron el pedido que hizo represor Héctor Antonio Febres y procederán de la misma forma con el resto de los militares. Luego, será la Cámara Federal la que resuelva estos planteos.
“Me ha tocado conocer en uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea de nuestro país, los avatares de la lucha contra la subversión llevada a cabo por las Fuerzas Armadas durante el último gobierno militar en su aspecto –a mi criterio– más aberrante, la presunta sustracción de menores nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención”, aseguró el 22 de enero de 1999 Bagnasco al procesar, además de Febres, a Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Rubén Franco y Emilio Eduardo Massera.
Luego, a lo largo de la investigación, se sumaron como procesados el ex jefe del primer cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, el comandante de la subzona 11, Juan Bautista Sasiaiñ y Santiago Omar Riveros, quien controlaba el Comando de Institutos Militares, bajo cuya jurisdicción estaba el centro clandestino que funcionaba en Campo de Mayo. El dictador Jorge Rafael Videla también está imputado en esta causa, pero fue procesado inicialmente por el juez Roberto Marquevich, quien lo mandó detener en junio de 1998. Los militares deberían enfrentarse en poco tiempo al juicio oral, aunque la complejidad de la causa demoró este trámite. Alberto Pedroncini, abogado querellante en este expediente, calcula que los imputados deberán ser interrogados nuevamente por el tribunal antes de estar en condiciones de sentarse en el banquillo del juicio oral.