Hace cinco años el abogado Carlos Sánchez Herrera perdía su puesto como procurador del Tesoro luego de que PáginaI12 publicara que había sido defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ. Duró sólo 13 días en el cargo. Sin embargo, dos semanas después de su salida del gobierno nacional asumió como apoderado del gobierno provincial de Santa Cruz, según su versión, a pedido del propio ex presidente Néstor Kirchner. Mientras tanto sumó otro cliente represor a esa tarea, que duró hasta el 23 de junio, cuando el gobernador Daniel Peralta decidió echarlo.

El fallecido general Sasiaiñ estaba imputado por la apropiación sistemática de menores durante la dictadura y contaba con los servicios de Sánchez Herrera, que presentó en tiempo y forma todas las apelaciones necesarias para obstaculizar el avance de la investigación. Consultado por este diario, había expresado que “es un tema espinoso”, pero se justificó argumentando que “si los abogados dejan de lado esos asuntos habría muchos parias que no tendrían quién los defienda”.

Sánchez Herrera había representado a la provincia de Santa Cruz en el juicio contra el Estado por las regalías petroleras y allí comenzó su relación con Kirchner, que apenas asumió lo nombró jefe de todos los abogados del Estado. Fue el encargado de enviar ese dinero al exterior para evitar –según explicó– que fuera “botín de guerra” de las futuras administraciones.

Su permanencia en la función pública, aunque provincial, fue detectada por la legisladora Gabriela Mestelán, que descubrió que Sánchez Herrera seguía representando a Santa Cruz en juicios ante la Corte Suprema nacional. El dato se hizo público en una entrevista en la que el abogado reiteró, como le había dicho a este diario en 2003, que “Kirchner sabía que yo había defendido a militares” con causas pendientes. “Y lo sigo haciendo”, dijo quien ahora defiende al apropiador Norberto Bianco. Luego de una enérgica carta de las Abuelas de Plaza de Mayo al gobernador Daniel Peralta, la historia volvió a repetirse: tras 16 años Sánchez Herrera dejó de ser apoderado de la provincia.