La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal de donde se fugó el sábado el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres no llevaba registro de visitas al represor. El edificio no tiene custodia exterior y la cámara de seguridad que debió registrar la fuga no funciona desde el año 2000. En ese lugar, sin infraestructura ni personal capacitado para oficiar de guardiacárcel, estuvo preso durante casi cuatro meses, por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale, nada menos que un ex oficial de inteligencia del Ejército procesado por secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino La Escuelita.

A pedido del fiscal federal Hugo Cañón y por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, fueron detenidos dos de los policías que vieron a Corres la madrugada de la fuga: el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Alejandro Carbajal. Al cierre de esta edición iban a allanar sus domicilios. Lastra tuvo a su cargo la guardia de los detenidos hasta las 6 de la mañana. Tres horas después, cuando le preguntaron dónde estaba Corres, dijo que a las 5.45 lo acompañó al baño y no volvió a verlo. Agregó que designó como custodia al cabo primero Carbajal, quien dijo haber visto por última vez a Corres a la 1 de la madrugada, cuando apagó el televisor y se fue a lavar los dientes.

La Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos, ayer no había dado señales de vida. La ley 26.375 que la creó y le asignó un fondo de recompensas de 5 millones de pesos se sancionó el 22 de mayo. Desde el sábado, PáginaI12 intenta infructuosamente conocer quién es su titular, que depende del ministro Aníbal Fernández. Ayer la delegación de la Policía Federal bahiense fue intervenida y pasaron a disponibilidad once de sus agentes, encabezados por el ahora ex jefe, comisario Gustavo Scelsi.

El 25 de junio, Alvarez Canale ordenó trasladar a cuatro procesados por delitos de lesa humanidad desde la dependencia de la Policía Federal a instalaciones del Servicio Penitenciario. Para los ex jefes de la cárcel Andrés Miraglia y Héctor Selaya y para el agente Leonardo Núñez ordenó el traslado al penal de Marcos Paz. Para Corres, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. No se conocen los motivos por los que no se concretó el traslado. Versiones sugieren que fue por falta de móviles.

Tras dar la orden, el juez partió de vacaciones por 45 días. En su ausencia, el fiscal Cañón solicitó al otro juez federal de la jurisdicción Ramón Dardanelli Alsina que por conexidad designara en la causa de la fuga a Tentoni, juez ad hoc de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano. Dardanelli aceptó el criterio y designó al abogado, quien delegó la investigación en el fiscal. Al atardecer, asistido por personal de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo del vicecomodoro Fernando Telpuk, Cañón allanó las instalaciones de Rondeau 189 donde Corres estuvo detenido desde el 9 de abril. El reconocimiento incluyó el secuestro de libros de registros, documentación, discos rígidos y demás objetos.

Durante su declaración indagatoria, el 30 de abril, Corres relató que a La Escuelita asistían “tres equipos diferentes” de interrogadores y que “dos podrían ser de la policía”. Sostuvo que lo dedujo “por los modismos”, diferentes a los militares, y por frases como “dejá el móvil en la entrada”, en referencia a los autos de civil que usaban en los operativos clandestinos. La mención a la participación de policías durante interrogatorios bajo tortura, que Corres también admitió, no impidió que el juez Alvarez Canale autorizara su alojamiento en la delegación de la Policía Federal durante tres meses.