Un proyecto de Mauricio Macri corre riesgo de naufragar en la Legislatura. Se trata de la iniciativa para regular la publicidad en la vía pública, una dura normativa que pretende ordenar la caótica cartelería en la ciudad y eliminar al máximo la contaminación visual: reemplaza los carteles salientes por otros de menor tamaño y volumen, prohíbe que los toldos y marquesinas tengan el sponsoreo de marcas –como hoy suelen tener bares, despachos de alimentos y quioscos–, limita al máximo los letreros en las terrazas de edificios y sustituye los carteles en obras de construcción por los telones gigantes que tapan con publicidad todo el frente en refacción. La reacción de las cámaras empresarias del sector no se hizo esperar: lanzaron un fuerte lobby sobre diputados opositores, pero también sobre los oficialistas, al punto que lograron convencer a algunos de la necesidad de flexibilizar el proyecto oficial o bien hacer algunos retoques a la actual situación. Lo curioso es que tanto los diputados como las cámaras empresarias reconocen que hoy más del 50 por ciento de la publicidad en la vía pública está instalada en forma ilegal.

El proyecto oficial fue elaborado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Juan Pablo Piccardo, y toma el modelo de publicidad en la vía pública de Madrid, uno de los más restrictivos. “Refleja la visión de la ciudad que los vecinos quisieran, más limpia, valorando el espacio público y el patrimonio urbano”, dijo Piccardo a PáginaI12. La redacción estuvo a cargo de Tomás Palastanga, director de Política y Desarrollo del Espacio Público. “La regulación de la publicidad y la reducción de la contaminación visual permiten mostrar a la ciudad tal como es, y no tapada por carteles”, explicó Palastanga.

El proyecto divide a la ciudad en cuatro zonas: la residencial, con mínima cartelería; las zonas comerciales, donde están permitidos carteles y marquesinas, pero con medidas muy limitadas; toda el área de la ribera, desde La Boca y San Telmo hasta Núñez, donde se pretende preservar el patrimonio edilicio; y el área de la Plaza de la República, Corrientes y Lavalle, donde se permitirán carteles en azoteas, de tamaño y formato menores a los actuales.

“Intento que sea una ley que ordene el espacio público, pero que no aniquile la actividad”, dijo a PáginaI12 la oficialista Silvia Madjalani, presidenta de la comisión de Espacio Público, donde se está debatiendo la iniciativa. “Es un proyecto muy restrictivo: no debemos convertir una actividad lícita en ilícita”, evaluó. No obstante, la legisladora reconoció: “El 60 por ciento de lo que hoy vemos es ilegal y es reconocido por las empresas”.

Los empresarios se quejan porque no fueron consultados y sostienen que de aprobarse la ley desaparecería la industria del cartel. Los nuclean dos cámaras: la Asociación de Empresas de Publicidad Exterior (APE) (31 empresas dedicadas a instalar carteles en azoteas y medianeras), y la Cámara de la Industria del Letrero (CAIL) (350 talleres que elaboran marquesinas). A ellos se suma la Cámara Argentina de Anunciantes, donde se concentran las marcas avisadoras, en muchos casos, grandes empresas. En total, dicen, están involucradas en la actividad unas 12 mil personas.

“Sabemos que el sector está desordenado: el 50 por ciento está en la ilegalidad”, admite desde las propias filas de las empresas Gustavo Brizuela, presidente de APE. “Pero con la gestión anterior consensuamos un proyecto para ordenarlo y esta gestión ni siquiera nos llamó para consultarnos.”

Para Brizuela, el proyecto del gobierno “aniquila la industria, porque deja sólo un 10 por ciento de la publicidad actual”. Las cámaras presentaron en la Legislatura su propio proyecto, consensuado en 2007 con la gestión Telerman.

Los autores del proyecto oficial aseguran que la nueva normativa reduce la publicidad en la vía pública entre un 70 y un 80 por ciento, lo cual no es poco, pero está lejos de los números que manejan los empresarios. “Toda transformación genera reacciones y en este caso, la de los que usufructuaron el espacio público sin costo o a bajo costo”, dijo Piccardo sobre las presiones empresarias. Desde el gobierno sostienen que la industria debe reconvertirse y desarrollar nuevas tecnologías.

–¿Por qué si no se puede hacer cumplir la actual norma se va a poder hacer con una mucho más restrictiva? –le preguntó este diario a Piccardo.

–Es mucho más fácil controlar pocos elementos que una cantidad como la actual, con una norma confusa, que deja muchos espacios abiertos a interpretación.

Los empresarios (y algunos legisladores) interpretan tanta restricción como una ventaja adicional (e intencional) para quienes se adjudiquen la licitación del mobiliario urbano, que prevé la instalación de paradas, refugios y cartelería en toda la ciudad. Ese proceso está en marcha y han quedado en carrera cuatro empresas: Publicidad Sarmiento, vinculada con el consorcio Raúl Moneta-José Luis Manzano, y también con el empresario macrista Nicolás Caputo; Viacart, de Daniel Hadad, y el Grupo al Sur, de la familia del secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.

“Si se restringe la publicidad en la vía pública, aumentan los ingresos de las empresas que se adjudiquen el mobiliario urbano”, evaluó Carrizo, de APE.

El debate recién comienza: encumbrados oficialistas resisten el proyecto del gobierno, mientras que algunos opositores (como en la Coalición Cívica) lo ven con buenos ojos.