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“El Ejército ha demostrado en los hechos que no es una opción política, lo cual ejemplifica la madurez cívica de toda la sociedad argentina.” Pese a que el país “atraviesa la crisis más grave del último siglo, con fuertes repercusiones institucionales, no hay un problema militar y las autoridades constitucionales ejercen el control cívico objetivo sobre las Fuerzas Armadas, que se dedican a su misión estrictamente profesional”. Así lo afirmó el Secretario General del Ejército, general Daniel Reimundes, durante un seminario académico realizado el jueves de la semana anterior en la Universidad de San Andrés, en el que también participaron Joseph S. Tulchin, del Woodrow Wilson Center y el coronel John Cope, de la Universidad Nacional para la Defensa, ambos de los Estados Unidos. El seminario formó parte del esfuerzo de relaciones públicas emprendido por el Ejército para recuperar la respetabilidad perdida y reclamar la asignación de nuevos roles, con injerencia en la seguridad interior, esta vez a órdenes de un gobierno constitucional.
Has recorrido un largo camino
Su bien preparada exposición revisó el difícil camino transitado por el Ejército desde la conclusión de la última dictadura militar. Describió un cuadro caracterizado por medio siglo de inestabilidad política, secuelas de la violencia de la década de 1970, la derrota en la guerra de las Malvinas y los enfrentamientos armados entre facciones militares y sostuvo que de no haber cambiado, el Ejército argentino hubiera corrido el mismo destino que los de Albania y Yugoslavia. El Ejército estaba aislado de la sociedad, su sistema educativo desactualizado, el empleo de los recursos era ineficiente, el despliegue de fuerzas excesivo e inadecuado, no se habían capitalizado las enseñanzas de Malvinas para profesionalizarlo y se padecían las consecuencias negativas de las intervenciones militares en política, con una ideologización que llevó a la división y la desvalorización, dijo. Agregó que también estaba desactualizado el Servicio Militar Obligatorio, que en el siglo pasado cumplió un rol socializador e integrador; era escasa la presencia de la mujer, que ya estaba integrada a la sociedad, y muy baja la participación internacional, donde sólo una elite se capacitaba en el exterior. Además era manifiesto el aislamiento respecto de los ejércitos de la región porque las hipótesis de conflicto con los vecinos convirtieron los métodos en fines, que no respondían a la realidad estratégica del país. El punto de inflexión para la reflexión y el cambio fue el levantamiento del 3 de diciembre de 1990 y su instrumentación fue responsabilidad de la autoridad civil, que con las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, fijó el marco jurídico imprescindible. “Hoy lo podemos repensar, lo podemos actualizar, porque tiene carencias, pero esas leyes fueron la mejor solución posible que la autoridad civil pudo darnos para ayudarnos a ser el instrumento militar de una sociedad que pensaba diferente”.
A la gomina
Según el secretario político, los cambios efectuados pusieron al Ejército “en el marco de las ideas internacionales, como instrumento de disuasión creíble para desalentar amenazas”. Estos “ejes de cambio están internalizados y ha desaparecido la brecha que había entre lo que piensa la sociedad civil y su fracción de uniforme, sujeta a reglas más severas, alineada en el respeto y la subordinación a la Constitución, integrada con la sociedad pluralista”. Reimundes fue uno de los principales colaboradores del ex Jefe de Estado Mayor, Martín Balza, quien le atribuye un rol decisivo en la autocrítica institucional de 1995. Luego marchó como agregado militar a Washington y este año reemplazó en la secretaría política al general Eduardo Alfonso, quien debió pasar a retiro por su responsabilidad en la contratación del dirigente neonazi Juan Torres Bande y por la política de confrontación con los organismos de derechos humanos y la Justicia. De notable parecido con su padre, el coronel de la década de 1960 Manuel Reimundes, conocido como creador de la Logia El Dragón Verde, que se opuso al derrocamiento del gobierno del presidente Arturo Frondizi, Daniel Reimundes se presentó en la Universidad de San Andrés con un ostensible peinado a la gomina, que permite distinguirlo sin dificultad de la sociedad civil con la que predica la integración. Lo mismo sucede con su Jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni. Nada debe moverse en esas testas.
Cuestión de imagen
Reimundes destacó la integración con los Ejércitos de la región y calificó al Ejército como “punta de lanza del gobierno en la integración con Brasil y Chile”. Dijo que todos los Ejércitos de la región están integrados en las misiones de paz que realizan los militares argentinos y se declaró orgulloso del nuevo sistema educativo, en el marco de la ley federal de Educación y controlado por el Ministerio de Educación en todo lo que no sea estrictamente castrense. “Nuestros suboficiales tienen el secundario completo y nuestros oficiales título de grado. Esto debería reflejarse en un cambio de imagen”, dijo. Destacó el cambio de mentalidad producido por el Servicio Militar Voluntario, la incorporación de mujeres y las misiones de paz que “permitieron que un tercio del Ejército tenga experiencia internacional y comparta los parámetros de los soldados del mundo”. Reimundes dijo que los gastos castrenses son hoy los más bajos de la historia argentina, con el uno por ciento del PBI, e inferiores a los de los demás países de la región. Las Fuerzas Armadas argentinas tienen un hombre por cada mil ciudadanos, Chile 6 y Uruguay 9. Si el cálculo es por superficie, la Argentina sostiene un soldado cada 38 kilómetros cuadrados y Brasil uno cada 27.
Al regresar una y otra vez sobre la cuestión de la imagen del Ejército, Reimundes dijo que estaba creciendo, aunque “no al ritmo que querríamos”. Reconoció que ello no se debía “sólo a nuestro esfuerzo sino a que otras instituciones han degradado su prestigio ante la sociedad”, lo cual, “no nos alegra”. Que la cuestión militar tenga prioridad cero “es bueno porque con la crisis que vive el país no hay problema militar, pero también es malo porque no hemos sensibilizado para que las cuestiones militares, como parte de los problemas de la Defensa, tengan la importancia que deben tener en cualquier país”.
La brecha
Reimundes reconoció que sí existe una brecha entre los militares y la percepción de la sociedad civil cuando se trata de la dictadura y la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. “Esto lo tendrá que resolver la historia y la madurez de todos”, dijo. Luego de su exposición, Reimundes contestó preguntas de los asistentes. Sin el texto escrito y las diapositivas, el general pareció despeinarse, como si un remolino rebelde escapara del control de la gomina. El sociólogo y ex militar Gustavo Druetta le preguntó si la reducción presupuestaria no podía atribuirse a decisiones de la política exterior argentina, que reemplazó las anacrónicas hipótesis de conflicto con los países vecinos por otras de cooperación y confluencia y si la pretensión castrense de expandir sus roles sobre la seguridad interior, en consonancia con la definición estadounidense de las denominadas “nuevas amenazas”, no obedecía a la apetencia por incrementar ese presupuesto. Reimundes respondió que a diferencia de otros países de la región la Argentina tiene una “fuerza intermedia especialmente adaptada” como la Gendarmería. Agregó que quien debía definir la índole del conflicto y qué elementos del Estado se emplearían era el poder político, pero “desde el punto de vista técnico” opinó que la naturaleza del conflicto había cambiado y que ello podría hacer aconsejable que “en el futuro haya que analizar de nuevo las leyes de Defensa y Seguridad”. Agregó que los artículos 31 y 32 de la ley 24.059 de seguridad interior, que no han sido reglamentados, “no son todo lo claros que nos gustaría que fuesen”. Esos son los artículos que se refieren al empleo de las Fuerzas Armadas “en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación” (el 31) y a la facultad presidencial de nombrar para ese caso “un comandante operacional de las fuerzas armadas”, bajo su conducción (el 32).
Es difícil imaginar alguna reglamentación sabrosa al paladar castrense que pueda eludir la clarísima restricción del propio artículo 32. Dice que el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior sólo se producirá en forma excepcional, únicamente en situaciones de extrema gravedad, previa declaración por el Congreso del estado de sitio y “no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”, que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554 de defensa nacional. Es decir, en tal caso, las Fuerzas Armadas deberán actuar con tanques y a cañonazos, no en Inteligencia y secuestros, para los que no podrán prepararse. O, dicho con una metáfora, no podrán ser consideradas como el médico que debe operar, sino como los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si alguna vez se incendia el hospital.
“Interoperabilidad”
Luego de afirmar que durante sus años como agregado militar en Estados Unidos no recibió presión alguna para que las Fuerzas Armadas argentinas cumplieran “una misión que no está en la legislación” vigente, Reimundes formuló un anuncio significativo: dijo que en pocos días más los medios darían cuenta de un acuerdo entre los Ejércitos de la Argentina y los Estados Unidos para desarrollar la “interoperabilidad”. Esa es la voz de orden para los ejercicios conjuntos, como los denominados “Cabañas” 2000 y 2001, que se realizaron en la Argentina sin la autorización constitucional del Congreso para el arribo a la Argentina de tropas extranjeras.
La mayor sorpresa se produjo cuando el investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, dijo que las leyes de punto final y de obediencia debida “fueron arrancadas a punta de bayoneta” y preguntó qué pasaría si debido a la declaración judicial de su nulidad debieran desfilar por los tribunales oficiales de alto rango, no sólo retirados. Ejemplificó con el propio Brinzoni, denunciado por el CELS por la masacre de Margarita Belén, y pidió una opinión sobre el denunciado lobby militar sobre la Corte Suprema de Justicia para impedir que confirme la nulidad. Según Reimundes, el Ejército tiene una posición institucional firme: “No supimos combatir desde la ley plena el terrorismo demencial, como la sociedad requería. Eso está internalizado y no hay discordancia con la sociedad civil. La historia fue escrita de determinada manera. Tenemos una sola voz institucional. Eso es historia, a partir de la internalización de aquello que no hicimos bien, tenemos que construir el futuro”.
“Lo que corresponde decir”
Respecto de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, señaló que en Estados Unidos existe la “no attribution”, que permite a un funcionario hacer una declaración sin que la prensa lo mencione como fuente. En tal caso “podría decirle lo que pienso”. En la Argentina, en cambio, “lamentablemente tengo que decirle lo que institucionalmente corresponde que le diga”. Es decir: para el Ejército esas leyes “fueron dictadas legalmente por la autoridad legítima, en tiempo y forma. Los legisladores las dictaron, los jueces la aplicaron”. Pero cuando un juez declara su inconstitucionalidad, “como funcionario del Estado tengo la responsabilidad de que los convocados concurran y se sometan a las leyes de la Nación”. En alusión a la causa en la que el juez federal Claudio Bonadío investiga los crímenes del ex batallón de inteligencia 601, dijo que cuando el magistrado ordenó detener a 42 oficiales y suboficiales, el Ejército los sometió al juez. “La última vez que eso sucedió, el Ejército se quebró y hoy la sociedad ni siquiera percibió que un juez de la Nación tomó las medidas que tomó hace 30 o 40 días”. Esto “no quiere decir que creamos que es la solución para algo que el legislador solucionó en su momento. Pero este Ejército va a hacer cumplir todo lo que la autoridad legítima le ordene”. Dejando atrás toda sutileza acerca de si abría su pensamiento íntimo o decía lo que “lamentablemente” debía decir, Reimundes terminó la frase con abrumadora sinceridad involuntaria: las leyes de impunidad “a nivel nacional están plenamente vigentes. Están dentro del plexo normativo que nosotros debemos combatir, este debemos compe’ cumplir”. Un psicoanalista ahí.