No tuvo la efervescencia adolescente de las visitas del ministro de Educación porteño. Pero el procurador Pablo Tonelli recolectó también en su paso por la Legislatura una buena cantidad de críticas. La oposición cuestionó las 763 recusaciones que presentó contra el juez Roberto Andrés Gallardo: “abuso de poder”, “artilugio legal”, “amañamiento”, “amedrentamiento del Poder Judicial” fueron algunas de las calificaciones que recibió su iniciativa. Tonelli hizo una defensa jurídica, desvinculó a Mauricio Macri de la decisión y dijo que la medida fue para “mejorar la calidad institucional de la ciudad”.

Tonelli se presentó ante la Comisión de Justicia para evitar que la oposición lo interpelara. La polémica que generó el caso (ver recuadro) hizo que estuvieran más de la mitad de los legisladores. La estrategia de PRO quedó reflejada en los primeros minutos: el procurador se refugió en una explicación jurídica, mientras que el presidente de la comisión, Martín Borrelli, intentó resguardarlo de los temas más espinosos. En más de una oportunidad intervino para evitar repreguntas.

Tonelli explicó que la demanda por daños y perjuicios en la que se basaron las recusaciones fue por un fallo de Gallardo sobre los terrenos de Casa Amarilla, en el cual embargó al gobierno PRO por 14 millones de pesos. La ciudad argumentó que se perdieron intereses por 140 mil pesos, por lo que querelló a Gallardo y a los vecinos que reclamaban las viviendas sociales que se debían construir allí. “Dicen que la ciudad pierde dinero por un fondo que fue votado por esta Legislatura para viviendas sociales y que no fue ejecutado, sino puesto a ganar intereses como en una financiera”, advirtió el diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo y destacó que el IVC definió hace una semana que no se harán esas viviendas. “Boca tiene interés en esos terrenos y eso se refleja aquí”, aseguró.

“Nosotros no lo recusamos a Gallardo porque no nos dé la razón o porque nos incomode”, insistió el procurador, que se enfrascó en un debate jurídico con los opositores, que argumentaban que para poder recusarlo la querella debía ser previa a que el juez interviniera en esas 700 causas y preguntaban por qué no le inició, en todo caso, un juicio político. Tonelli respondió que eso se está evaluando “en otras instancias”.

El funcionario se defendió con éxito en las preguntas técnicas, pero no todas fueron buenas: fue cuestionado cuando aventuró que las 700 causas “no sufren demora alguna” para llegar a otros jueces y no consiguió explicar por qué se recusó a Gallardo en los amparos –los que molestan a Macri– y no en las ejecuciones fiscales. “No lo hicimos porque conocemos la discusión sobre que el pleito debe ser anterior”, dijo Tonelli. El diputado kirchnerista Pablo Failde le indicó además que se recusó a Gallardo en causas que ya tenían sentencia e incluso en algunas en las que el juez falló en favor del gobierno porteño. “Puede haber sido un error de los abogados”, concedió el procurador.

–¿Recibió alguna instrucción de un superior? –quiso saber Failde.

–La decisión la tomé yo. Nadie me dio la orden –contestó.

“No le creo. Esta fue una medida política”, intervino el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. “Yo les puedo hablar de tandas de los fallos disparatados de Gallardo. Pero lo grave es la respuesta: esto es una medida de dominación al Poder Judicial. Justo eligieron a este juez y la causa de Casa Amarilla, en la que el jefe de Gobierno tiene un interés especial. Yo en 2000 tuve una reunión con Macri y su obsesión era que le diéramos esos terrenos gratis”, relató Ibarra. “¿Piensan demandar a todos los jueces que produzcan daños?”, preguntó finalmente el legislador de Diálogo por Buenos Aires. “Estamos dispuestos a demandar a cualquiera que cause daños y perjuicios, sea un peatón o un juez. Es posible que demandemos a quienes colocaron las carpas en el Congreso”, ejemplificó.

“Existe por primera vez en la historia un instrumento para recusar sin causa y amedrentar a los vecinos que se quieran presentar a la Justicia”, insistió el diputado de la CC Sergio Abrevaya. La legisladora de Igualdad Social Liliana Parada intentó llevarlo hacia los incumplimientos de Villa Cartón y el faltazo a la audiencia que convocó Gallardo. “No tiene absolutamente nada que ver, no es el tema”, reculó Tonelli, quien luego admitió que su presentación fue simultánea pero se debió a “una coincidencia temporal”.