El jefe de la Armada, Jorge Godoy, deberá presentarse a declarar hoy en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew, en la que está imputado junto al resto de la cúpula de la marina por haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, en el que introdujo los conceptos de “amenazas asimétricas”, “comunicación institucional” y “contrainteligencia”, que avalaban la inteligencia interna. El almirante probablemente repetirá la argumentación que hizo en un documento dirigido a la ministra de Defensa Nilda Garré –al que tuvo acceso Páginai12– en el que sostiene que se encontraba amparado por una directiva firmada en su último año de gobierno por el presidente Carlos Saúl Menem, que el kirchnerismo derogó recién en 2006.

El caso de espionaje comenzó el 17 de marzo de ese año con la denuncia el cabo Carlos Alegre, quien formaba parte del equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer los seguimientos ilegales. La Justicia hizo allanamientos en diversas bases navales y encontró fichas que involucraban a políticos, sindicalistas y organismos de derechos humanos. Dos de las principales autoridades de la Armada fueron separadas y se cerraron las dependencias de inteligencia de las bases navales. Una docena de implicados fueron procesados por la Justicia, que no avanzó sobre la cúpula de la Armada hasta que el CELS hizo una presentación en la que señaló que Godoy había avalado la inteligencia e incluso la había utilizado para tomar decisiones.

Los abogados de Godoy hicieron todo lo posible para retrasar su indagatoria –que originalmente estaba prevista a comienzos de agosto– y se presentaron ante el juez federal Daniel Rafecas para pedirle que interviniera en la causa y la sacara del juzgado de Rawson. Rafecas rechazó el pedido que le hizo el abogado del jefe de la marina, el penalista Juan Rodríguez Estévez, que es secretario de Fores, una ONG que a comienzos de la democracia pidió que se mantuviera a los jueces de la dictadura. Su elección no es causal: el segundo de la Armada, Benito Rótolo, tiene como defensor a Manuel Izura, también de Fores.

En un escrito que incluyó en esa presentación a Rafecas, Godoy se defendió con una argumentación que seguramente repetirá hoy ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. En un documento con el rótulo de “secreto” que le envió a Garré el 5 de junio de este año, el almirante reconoció que el PBIN se habla de “amenazas asimétricas” –definidas como “narcotráfico, terrorismo internacional (...) y cualquier otra cosa que como tal se manifieste”– y de “producir inteligencia psicosocial”.

Sin embargo, el jefe de la Armada se amparó en la “directiva estratégica militar (DemilL) 1/99” que firmó Menem en su último año de gobierno y que fue derogada por el presidente Néstor Kirchner luego de que estallara el caso de espionaje ilegal en 2006. Como el plan de inteligencia es de 2005 –argumentó Godoy– estaba amparado por la norma de Menem, que permitía a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia sobre “narcotráficos y el terrorismo” para darle apoyo a las fuerzas de seguridad. “El PBIN 2005 respondió –como era lógico y necesario– al marco normativo en el que se gestó”, arguyó Godoy.

El almirante también mencionó un plan de estrategia militar que emitió en 2005 la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que depende del Ministerio de Defensa, en la que fijaba como uno de los objetivos las “asociaciones vinculadas al terrorismo internacional en escenarios de empleo actual o potencial de las FF.AA. nacionales”. Esas directivas fueron eliminadas por la ministra en 2006. “No puede sostenerse de buena fe, aun en el marco normativo que tuvo aplicación ese plan básico, que las prescripciones (del PBIN) se orientaran a generar la comisión de conductas ilícitas”, planteó Godoy. También amenazó con iniciar acciones legales a quienes dieron “indebida publicidad de un documento clasificado como secreto” y le pidió a la ministra que evalúe “la responsabilidad penal que su divulgación conlleva”. La difusión de ese paper fue, justamente, el hecho que le trajo problemas judiciales al jefe de la Armada.