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Por Irina Hauser y Nora Veiras

–Me explicó que quería la baja para irse a manejar camiones a Bahía Blanca –le dijo el coronel Ricardo Sarobe, director de la Escuela de Suboficiales General Lemos, a la madre de Segundo Cazanave.
–¿A Bahía Blanca? –preguntó la mujer.
–¿Ustedes no son de Bahía Blanca? –se incomodó el militar.
–No, no, de Victorica, en La Pampa –corrigió ella.
Más allá del fallido de Sarobe, la responsabilidad del Ejército en la muerte del cadete parece cada vez más evidente. Según datos que manejan los abogados de la familia, la baja fue publicada en el boletín militar recién a fines de junio, de manera que cuando el chico murió, alrededor de un mes antes, todavía conservaba su condición castrense. Esto se suma a que la institución no informó que el joven se iría, ni a su tutor ni a su familia, tal como lo establece el reglamento. Ayer, además, el fiscal Jorge Sacco pidió que la causa pase al fuero federal ya que el denunciado es el Estado Mayor del Ejército por tortura seguida de muerte.
Después que apareció el cadáver de Segundo Cazanave, el 28 de mayo, su mamá, Graciela Pereyra, viajó desde su provincia a Buenos Aires en busca de explicaciones. A la reunión que logró concertar con Sarobe la acompañaron su hija Paula y el cura salesiano Miguel Haag, de la parroquia de Victorica. Juntos escucharon las “confusiones” del director de la escuela militar y explicaron lo que ellos sabían sobre los tormentos que sufrió el joven y los 20 kilos que llegó a perder a los pocos meses de ingresar al instituto en febrero de este año. Después le pidieron que llamara a Joaquín “Trapito” Cortez, el amigo de Segundo en esa escuela, quien contó en detalle cómo los estudiantes de tercer año lo sometían a toda clase de esfuerzos físicos y maltratos, desde levantarlo a la madrugada para hacer salto de rana hasta obligarlo a hacer flexiones de brazos mientras se le paraban sobre la espalda.
–¿Por qué no me dijo a mí lo que estaba pasando? –inquirió Sarobe.
–Porque yo era el próximo en la lista, él me había prometido que se iba a ir sin hablar –dijo “Trapito”.
A partir de aquel encuentro con el director, Graciela Pereyra consiguió que la Escuela Lemos abriera un sumario interno. Pocos días después de esa reunión a Cortez le dieron la baja. La investigación en cuestión es la que, según vienen diciendo el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y el ministro de Defensa Horacio Jaunarena, reveló “faltas disciplinarias” y “actitudes no reglamentarias” pero que supuestamente no tienen –alegan ellos– vinculación directa con la muerte de Cazanave. Eduardo Barcesat, uno de los abogados que representa a la familia del joven, rebatió ayer ese argumento con un dato novedoso: “Nos han confirmado que el oficial instructor del caso, el teniente coronel Gustavo Renato Gubiani, le pidió a Sarobe ante la gravedad de los hechos detectados que enviara las actuaciones a la Justicia Federal. Sabemos que ese pedido se hizo por escrito el 15 de junio. Sarobe no hizo nada”.
Barcesat y la abogada Mirtha Mántaras pondrán esos datos en conocimiento de la Justicia, al igual que el boletín que acreditaría que Cazanave tenía “estado militar” al momento de su muerte.
El fiscal Sacco sostuvo ayer en un dictamen que el fuero de instrucción es incompetente para investigar la muerte de Cazanave, ya que aparece comprometido el Ejército. En su denuncia, la madre del aspirante muerto incluso pidió la prisión perpetua de Brinzoni y Sarobe. Todo indica que el juez de instrucción Eduardo Moumdjian –que lleva la causa abierta caratulada como “muerte dudosa” cuando se encontró el cuerpo– seguirá el mismo criterio.
A pesar de que el expediente tiene cuatro meses, Moumdjian pidió recién ayer al Ejército, tras la insistencia de los abogados, el sumario interno y el legajo clínico. Esa demora fue lo que le permitió a Brinzoniescudarse en que “en cuatro meses la Justicia no le pidió nada al Ejército”. La familia de Segundo, que viene siguiendo la causa con desesperación, sabe muy bien que desde un principio hubo emisarios militares yendo permanentemente al juzgado.
En cuanto a la carpeta médica, la abogada Mántaras recordó que “la última revisación, previa a la baja, es clave porque allí le recetaron una tomografía computada y estudios neurológicos”. “Es lo que demuestra que a Segundo lo encontraron en pésimas condiciones físicas y, a pesar de eso, en lugar de internarlo en el Hospital Militar, le dieron la baja. Eso es abandono de persona”, dijo la abogada.